El evento se celebrará el próximo 26 de junio en el Auditorio de Cuatrecasas.

No puede dudarse de que uno de los pilares básicos de cualquier sistema que se denomine democrático ha de ser el derecho a la información a los ciudadanos, a los efectos de que éstos puedan tomar libremente sus decisiones sobre los diferentes aspectos de la realidad que les afecten como parte de la convivencia en libertad y del debate público. Y otro de los pilares fundamentales de la democracia es el de la libertad de expresión de las ideas y pensamientos de lo ciudadanos sobre los temas de su incumbencia. Ahora bien, esa información ha de ser veraz, porque si no lo es se estaría falseando la realidad y, por tanto, influyendo en las decisiones de los ciudadanos con el sentido que le quiera dar la fuente de información falsa.

De igual forma que efectuamos respecto de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, en el presente estudio abordamos ahora la regulación que de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia realiza el nuevo Reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024, de 19 noviembre en el Capítulo IV de su Título IV, dedicado a la situación de residencia temporal(*). Para ello, en primer lugar, nos centraremos en la estructura que desarrolla el citado Real Decreto en sus artículos 82 a 87, para después compararla con la regulación, aún vigente, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Finalmente, extraeremos unas conclusiones sucintas, no sin olvidar que sobre el particular contamos, también, con la normativa establecida en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

Los procedimientos de selección en la cúspide de la pirámide administrativa y de organismos independientes debiera combinar dos vertientes: aspectos reglados y no reglados, competencias duras y blandas, consideración de los méritos objetivos, pero también de la más volátil y opinable «idoneidad». Se considera que debe garantizarse la «aptitud» de los candidatos, pero también la capacidad de elección entre los «aptos» por el órgano decisor: Gobierno-Congreso de los diputados en función de otras circunstancias. Lo que debe convertirle en un procedimiento híbrido en que ambas vertientes son necesarias y deben interrelacionarse y cumplirse.

Las modalidades de votación en las elecciones sindicales previstas en el art. 71 ET y Real Decreto 1844/1994 de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a órganos de representación de los trabajadores de la empresa, son un numerus clausus, admitiéndose sólo el voto presencial y por correo, siendo ilícito cualquier acuerdo entre empresa y sindicatos con representatividad en el ámbito en que se promueven las elecciones sindicales, que permita el voto telemático, ya que: 1) No existe remisión de la normativa a la negociación colectiva para admitir modelos de votación telemáticos; 2) No ha existido un olvido legislativo puesto que cuando el legislador ha querido incorporar el voto telemático en determinados ámbitos así lo ha hecho; y 3) Sin que la negociación colectiva pueda alterar una previsión legal sobre los modelos de voto por los efectos que puede tener en la determinación de la representatividad sindical.

Javier Segura Zariquiey, decano Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona, publica este artículo en el último número de la revista Actualidad Civil, en el que se analiza la figura del procurador tras la batería de reformas que se han orquestado en torno al denominado Plan Justicia 2030, con las leyes de eficiencia como telón de fondo.

El evento tendrá lugar el próximo 11 de junio en la Fundación Ortega-Marañón (Madrid). También se podrá seguir vía streaming.

Más de 20.000 funcionarios públicos participaron en un ensayo dirigido por el gobierno que utilizó IA generativa para apoyar su trabajo diario; los primeros resultados mostraron un ahorro de tiempo equivalente a casi dos semanas laborales por persona por año.

Un estudio de investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha señalado que ChatGPT cambia de personalidad y adopta estereotipos culturales en función del idioma en el que se le habla, un fenómeno común en las personas que se llama 'cultural frame switching'.

La notificación al comité de empresa se hace en cumplimiento de una obligación legal. La finalidad de la comunicación es la defensa de los derechos de la propia trabajadora. El comité de empresa es un órgano colegiado y por tanto corresponde a todos sus miembros el derecho de ser informados del despido.

Condenar a la entidad no solo al pago de las liquidaciones negativas devengadas antes de la presentación de la demanda y durante la tramitación del proceso en primera instancia, sino también al pago de las que se sigan generando hasta la extinción del contrato, constituye la forma más adecuada de otorgar tutela judicial efectiva al cliente.

Deben ser las partes las que expresen terminante y categóricamente que no es así, es decir, que esa cantidad no se ha de descontar del acuerdo liquidatorio, sino que es un concepto más. Mientras no se exprese en términos incontrovertidos, esa entrega a cuenta, sobre la base de que las partes así la definen, se ha de considerar en los precisos términos que esa expresión supone.

La esencia de la garantía constitucional es que el juez compruebe personalmente la situación del detenido y le escuche, haciendo efectivo el derecho de quien ha impetrado el amparo judicial a ser oído y alegar sobre la legalidad de la privación de libertad que sufre.

Se aplica con independencia de que el destinatario del envío resida en el Estado miembro de importación o en otro Estado miembro.

Tendrá lugar el próximo 11 de junio en la sede del Colegio de Registradores. La jornada también podrá seguirse en formato online.

Dicha interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se inscribe la norma. Igualmente es conforme con los objetivos perseguidos por el Convenio de Montreal.

Sugiere que el Tribunal de Justicia también debería declarar una infracción autónoma del artículo 2 TUE, que enuncia los valores fundamentales de la Unión Europea.

No es una “misión imposible” si pones en valor tu experiencia y evitas dar un portazo en su actual bufete: es mejor buscar mientras estás trabajando.

En una declaración institucional aprobada en un pleno extraordinario celebrado antes de la inauguración de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno, el pleno de la Abogacía ha manifestado su apoyo a las demandas de las mutualistas y ha reclamado que se tramite sin dilaciones la pasarela al RETA en el Congreso.

El titular del Contencioso 1 entiende que esta omisión del Ayuntamiento “vulnera el derecho a la libertad religiosa” del artículo 16 de la Constitución Española, ya que “implica que no puedan recibir sepultura con arreglo a los ritos de su creencia religiosa”.

Descarta abrir un expediente por déficit excesivo al atribuir su incremento a los gastos ocasionados por la DANA

España y Alemania entre los más reacios a alargar los plazos de retraso que permiten pedir indemnización. El borrador sobre la mesa eleva el retraso mínimo para tener derecho a una compensación de las actuales 3 horas, a 4 horas para vuelos de menos de 3.500 kilómetros, y de 6 horas para los de mayor distancia.

La Comisión Europea ha advertido de que la degradación de la naturaleza presenta "importantes riesgos" para la economía y la competitividad de España, uno de los Estados miembro con mayor dependencia de los servicios de los ecosistemas, por lo que ha pedido al Gobierno más esfuerzo para adaptarse al cambio climático y mejorar la gestión de sus recursos hídricos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que aclare las causas del apagón que ocurrió el pasado 28 de abril tras colapsar el sistema eléctrico peninsular y que se "evite cargar al consumidor con una 'prima de riesgo' injustificada en sus tarifas eléctricas".

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno la urgente adopción de medidas en relación con los menores no acompañados radicados en Canarias -más de un millar- y que están interesados en solicitar asilo. En caso de incumplimiento de lo ordenado advierte sobre la imposición de medidas coercitivas a quienes sean responsables de la adopción de las medidas.