El evento se celebrará el próximo 26 de junio en el Auditorio de Cuatrecasas.

La correlación existente entre el denominado principio adversarial y el derecho a un juicio justo del que deriva, ha dado lugar a que, desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pudiera permitirse la valoración probatoria de evidencias obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, con tal que, en el contexto de un juicio con garantías de contradicción pudieran las partes pronunciarse eficazmente sobre su validez y trascendencia probatoria. Ello chocaba frontalmente con resoluciones que imponían el reconocimiento de eficaces vías reaccionales en favor de quienes se habían visto afectados por actos de injerencia por parte de los poderes públicos.

La solución a esta paradoja jurídica parte de constatar cómo ambas vías de protección de derechos fundamentales del entorno de la privacidad discurren en dimensiones diversas; de suerte que el reconocimiento de la transgresión por acción ejercitada por la persona afectada puede dar lugar a la expulsión del acervo probatorio de la fuente de conocimiento ilícitamente obtenida. Solo si ésta no ha sido finalmente ejercitada, o si la respuesta del ordenamiento jurídico permite aún así, dada la naturaleza o entidad de la vulneración, su utilización probatoria, entrará en juego la posible valoración de la evidencia en ese escenario del principio adversarial.

Este artículo tiene como objeto analizar en profundidad las medidas de seguridad de internamiento judicial en el derecho penitenciario español, abordando los principios rectores, la concurrencia de penas y medidas, el ámbito espacial de cumplimiento, la gestión jurídico-penitenciaria y organizativa, y las reformas necesarias para evitar que España siga siendo condenada en el TEDH.

El Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución de Astronautas de 1968 (ARRA 68’) sigue vigente en el contexto actual gracias a su redacción abierta y su espíritu universal. La evolución tecnológica, especialmente en las actividades de búsqueda, asistencia y salvamento desde el espacio, no limita su aplicación, sino que la expande. Tecnologías satelitales avanzadas, como el sistema MEOSAR, fortalecen la protección de la vida humana y los principios humanitarios del derecho. Asimismo, los antecedentes históricos del ARRA 68’ revelan una temprana conciencia de la necesidad de cooperación internacional ante emergencias espaciales. Este trabajo concluye que, aún frente a los desafíos contemporáneos, toda persona que enfrente una emergencia en el espacio continúa amparada bajo la protección del Acuerdo, reafirmando la responsabilidad compartida de utilizar el espacio exterior para el beneficio de toda la humanidad.

El TC determina que solo se puede inadmitir el procedimiento de habeas corpus si la persona no está privada de su libertad o por ausencia de los requisitos formales. En el resto de los casos, tiene que existir un control judicial efectivo sobre las detenciones no judiciales, es decir, se debe oír al detenido o a su representante y al MF, y practicar las pruebas propuestas antes de decidir sobre la ilegalidad o no de la detención, de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la libertad de la persona detenida.

Entre las novedades de la reforma del TRLPI por Ley 21/2014, destaca la atribución a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual de una nueva función de determinación de tarifas de las entidades de gestión. En este trabajo se analiza el significado de este cambio normativo y su alcance práctico.

Proporcionalidad de la indemnización. Intrusión de especial gravedad en el derecho al honor y el derecho a la intimidad personal y familiar. Existencia de dos condenas anteriores por intromisiones antijurídicas en los mismos derechos fundamentales.

El documento de consentimiento informado no estaba actualizado conforme a las indicaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica, que dos años antes había editado un nuevo modelo en el que se incluía este factor de riesgo.

Las criptomonedas no pueden subsumirse en el artículo 47.1 de la NFIRPF y correlativo de su Reglamento, habida cuenta de su novedad en el ordenamiento así interno como de la UE su singularidad, y falta de adaptación de la normativa foral al mercado de estos títulos.

La nueva norma permitía la expusión de extranjeros residentes, frente a la regulación anterior que ceñía dicha posibilidad a los extranjeros no residentes legalmente en España.

El Ateneo de Madrid acogió la jornada «El reto de la vivienda en España: diagnósticos y soluciones», organizada por la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo (ALTS).

No existe obligación de justificar las prescripciones técnicas del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto.

La norma fija las condiciones que deben cumplir las mutuas colaboradoras para justificar el supuesto legal de “insuficiencia financiera” del coeficiente general, su origen en circunstancias estructurales y los requisitos para el acceso al coeficiente especial.

Dichos recursos habían sido interpuestos por España y por diversas entidades que operan en el ámbito de la pesca.

La sentencia desestima el conflicto. Acogiendo los argumentos del Senado, entiende, con base en la doctrina consolidada sobre el art. 134.6 CE, que el Gobierno se ha excedido en el uso de su prerrogativa.

Según ha subrayado el Ministerio de Economía en un comunicado, esta iniciativa se enmarca en las medidas que está adoptando el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos impulsando, entre otras iniciativas, el aumento de la oferta de vivienda.

En estas comunicaciones, que también se han remitido a aquellas empresas que ya fueron inspeccionadas el año pasado y en las que se detectaron irregularidades referidas a la gestión de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras expuestas a riesgos por la exposición al calor, se recuerda a las empresas que tienen la obligación de gestionar adecuadamente estos riesgos por altas temperaturas.

La Organización Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una petición formal ante el Banco de España para que establezca criterios técnicos u orientaciones sobre los límites máximos que pueden fijar las entidades para las transferencias inmediatas, de modo que "no resulten desproporcionados ni desincentiven su uso".

El Gobierno realizará un estudio con el que revisará las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), de modo que en estas se incluyan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional.

El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido por mayoría responsabilizar a las plataformas de redes sociales por el contenido ilegal que puedan llegar a publicar sus usuarios, si bien todavía deberán consensuar cómo y bajo qué condiciones han de responder y reparar los posibles daños causados.