La Fundacin Wolters Kluwer, el Boletn Oficial del Estado y el Centro de Estudios Constitucionales han editado esta obra de referencia para la comunidad jurdica nacional e hispanoamericana, como culminacin de la celebracin del cuadragsimo aniversario del Tribunal Constitucional.

El presente trabajo contiene el resumen de una importante doctrina en relacin con las autorizaciones de entrada en domicilio que debe resolver el juez de lo contencioso-administrativo a solicitud de la Administracin Tributaria y, especficamente, la diferenciacin que se hace entre la tramitacin de las citadas autorizaciones con contradiccin o inaudita parte. El carcter excepcional de esta ltimas que predica el Tribunal Supremo pone en efectividad la pretensin de la Administracin Tributaria y la efectividad de la sorpresa como mtodo de investigacin en la que parece haberse puesto gran nfasis en estos momentos como elemento de represin del fraude fiscal. La doctrina del Tribunal Supremo es ponderada, cautelosa y proporcionada. Pone nfasis en la garanta de los derechos fundamentales frente a la eficacia de algunas actuaciones administrativas.

La decisin de S.M. el Rey Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre, S.M. el Rey Juan Carlos I, ha suscitado mucha controversia e inters, tanto en el mbito poltico de nuestro pas como en el plano eminentemente jurdico. En este trabajo se analiza si es posible renunciar anticipadamente a la herencia y se aportan varias ideas, con apoyo en la legislacin y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre el rgimen de las herencias futuras en el ordenamiento jurdico espaol.

La dignidad inherente a la persona de la madre gestante, la renuncia que debe realizar a su derecho de filiacin y la falta de consentimiento libre al contratar constituyen, a mi modo de ver, tres de los principales obstculos que imposibilitan en Espaa la legalizacin de la maternidad subrogada.

La modificacin de la configuracin del derecho de acceso consagrado en el art. 15 del Reglamento General de Proteccin de Datos (tanto en el marco de los Considerandos del propio reglamento, como por parte del Comit Europeo de Proteccin de Datos) respecto a la que tena bajo la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos Personales, parece obligar a los responsables del tratamiento a facilitar a los interesados que lo ejercitan incluso aquella informacin no estructurada objeto de tratamiento no deliberado (aquel en el que los datos no se utilizan para ningn propsito) albergada en sus sistemas. Como resultado de esto y del formidable volumen de este tipo de informacin no estructurada que acaba alojada en los sistemas de muchas empresas, atender adecuadamente las solicitudes de ejercicio de este derecho plantea, en muchos casos, importantes desafos logsticos, tcnicos y jurdicos.

La STS de 11 de junio de 2020 (Sec. 2, rec. casacin 3887/2017, ponente D. Jess Cudero Blas) considera que cuando el ingreso resulta indebido sobrevenidamente, en virtud de una actuacin de la Administracin —en el caso, una actividad inspectora respecto de otro sujeto pasivo—, el plazo de cuatro aos para solicitar la devolucin no comienza a computarse desde la fecha del ingreso, sino desde la fecha en que se constata que el ingreso en cuestin ostenta ese carcter de indebido.

La Administracin Tributaria se excedi en sus facultades legalmente previstas y no puede surtir efectos en el orden penal. Aunque puede indagar actos y periodos prescritos para la investigacin sobre impuestos no prescritos, como el de sociedades, no basta con la mera expresin de la justificacin del hecho que habilita la investigacin, sino que sta debe ser relevante en la indagacin del impuesto que se investiga para el que existe una expresa autorizacin legal, y tal habilitacin no exista respecto al IVA.

El demandante solicita una condena pecuniaria para la reparacin del suelo del local. Sin embargo, cuando present la demanda ya haba sido desahuciado por falta de pago, de modo que haba perdido su condicin de arrendatario.

Las potestades administrativas que las Administraciones tienen en defensa de la legalidad urbanstica no las habilitan para usar la restrictiva va del requerimiento de revisin de oficio a las Administraciones locales, cuyo control, en su caso, slo puede encauzarse a travs del art. 65 de la LBRL.

Si bien la normativa aprobada durante la pandemia no regula expresamente esta prerrogativa, tampoco la elimina.

Vicente Snchez Velasco, consejero delegado de Wolters Kluwer Espaa, entreg el galardn en un acto que pudo seguirse en online

La opcin por el hogar monoparental no delimita un vnculo diferente de filiacin determinante del cuidado y atencin del menor, y sus propios derechos.

Te interesa conocer las ltimas tendencias en gestin de despachos de abogados? Si es as, “Generacin R” es tu libro. 25 de los profesionales ms reconocidos en Espaa en el mbito del management jurdico nos dan las claves de la competitividad de las firmas para evolucionar en el actual entorno complejo y cambiante.

La Sala analiza el recurso de un hombre que haba sido condenado en 2001 a pagar una indemnizacin de responsabilidad civil de 22.301.372 pesetas en concepto de daos y perjuicios derivados de un delito de incendio forestal

La Comisin de tica Judicial, al analizar una consulta sobre la participacin de los miembros de la Carrera Judicial en los medios de comunicacin como “comentaristas” o “tertulianos” cuando el objeto de debate son resoluciones judiciales, seala que dicha intervencin debe guiarse por la prudencia y moderacin a la que se refieren los Principios de tica judicial, con el fin ltimo de salvaguardar la imagen de neutralidad que debe proyectar el Poder Judicial.

El nmero de empleadas pblicas que teletrabajan actualmente en la Administracin General del Estado (AGE) para cuidar a menores y dependientes duplica al de los hombres, segn datos difundidos este lunes por CSIF.