Con ocasin de la presentacin del informe Abogado del Futuro 2020: generadores de rendimiento, Diario LA LEY ha realizado una serie de entrevistas a destacados representantes nacionales de la abogaca, la empresa, la universidad y la Administracin, cuyas conclusiones se recogen en el propio informe, sobre el futuro inmediato que espera al sector legal en nuestro pas. Te ofrecemos a continuacin una de las entrevistas realizadas con este motivo.

En este trabajo, el autor realiza una visin panormica de la nueva Ley Concursal, cuyo objetivo es mejorar una normativa extremadamente compleja, que tras sucesivas reformas, haba perdido claridad y coherencia.

El autor hace un anlisis de lo que ha sido la crisis del coronavirus en Espaa. Analiza su origen, los instrumentos legales disponibles para hacer frente a la crisis sanitaria o a las situaciones de emergencia, los instrumentos extraordinarios o la suspensin o limitacin de derechos fundamentales durante el estado de alarma. Hace referencia al fallo sistemtico del Estado constitucional, analizando la incidencia que ha tenido en las Cortes Generales, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional o en otros rganos auxiliares como el Consejo de Estado o el Defensor del Pueblo.

A juicio del autor, el levantamiento de los plazos administrativos y procesales y la evolucin favorable hacia fase 3 de buena parte del pas, sealan la oportunidad para hacer balance y apuntar las reformas que necesita el mbito procesal, y en concreto, el procesal contencioso-administrativo.

Este trabajo aborda los primeros pasos hacia la Ley Orgnica del Derecho de Defensa, partiendo de la consulta pblica sobre el Anteproyecto de Ley Orgnica del Derecho de Defensa que se realiz en 2018 y las propuestas que en aquel momento hicieron el Consejo General de la Abogaca Espaola y el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalua sobre este particular, hasta llegar a la reactivacin de este asunto en 2020.

La cuestin a resolver por sta sentencia del TS es la de determinar si el ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado de la suma correspondiente a la indemnizacin en caso de despido improcedente, puede considerarse como opcin tcita de la empresa por la resolucin indemnizada de la relacin laboral, cuando no ha manifestado expresamente por escrito o mediante comparecencia su voluntad de optar por el pago de la indemnizacin.

Interpretacin del art. 17.1 c) del Cdigo Civil. No son nacidos en Espaa quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia espaola.

La Audiencia Provincial de Pontevedra entiende que no cabe dar una respuesta apriorstica, sino que es preciso analizar las circunstancias del caso concreto.

El informe econmico-financiero puede ser ms o menos amplio, pero debe cumplir unos mnimos y en este caso que ni siquiera existe no constan mnimamente cuales son las cargas de residuos generados por las diferentes actividades, ni tampoco cul ha sido el criterio seguido para proceder a la distribucin de los costes entre tales actividades.

Una mesa redonda virtual organizado por la Fundacin Wolters Kluwer y Esade Law School, ha permitido a un grupo de expertos reflexionar desdela Justicia, la empresa y la abogaca,sobre cmo van a cambiar los modelos de trabajo ante la nueva realidad que va a surgir tras la crisis generada por la pandemia.

El Abogado General ha propuesto al TJUE que dicho periodo se ha de referir tanto al antes como al despus del despido que se impugna siempre que sea consecutivo.

La obra ahonda en el conflicto laboral planteado entre plataformas digitales y trabajadores. Resulta especialmente til, ante la falta de jurisprudencia del TS y dada la amplia judicializacin del conflicto y la intensa actividad de la inspeccin laboral.

Recomienda introducir medidas que eviten el intercambio de informacin comercial sensible entre los agentesy promover las licitaciones pblicas frente a convenios locales. Valora positivamente que ofrece ms seguridad jurdica a los operadores, las mejoras en la trazabilidad de los residuos y la reduccin de cargas administrativas.

La Organizacin de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que se debe aplicar un IVA cero temporal para todos los productos sanitarios o no, que sirvan para la prevencin del coronavirus, ya que en el caso de las mascarillas, su obligatoriedad supone mantener un gasto que para una familia tipo puede ser de hasta 110 euros.

El Consejo General del Notariado ha constatado una ralentizacin del mercado hipotecario durante el estado de alarma, tras haber registrado 23.949 actas de transparencia el pasado mes de marzo.