En una carta dirigida al secretario de Estado, Antonio Julián Rodríguez, la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, ha solicitado que se decrete la suspensión de toda actividad judicial entre el 24 de diciembre de 2022 y el 6 de enero del año siguiente, a la espera que que se aprueben las leyes de eficiencia que lo establecerán de forma permanente. Aunque esta petición fue concedida en un acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado, hay inquietud entre los profesionales de la abogacía por el retraso en su entrada en vigor. |