En el presente artículo se analizan las últimas modificaciones introducidas en el proceso de ejecución por la ley orgánica 1/2025, de 2 de enero y las normas afectadas por la inconstitucionalidad parcial de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Selección y comentario de las principales novedades tanto a nivel jurisprudencial como de la doctrina de la DGSJFP en esta materia especializada que afecta directamente a la ejecución hipotecaria.

El artículo analiza la figura de la acusación popular en el sistema procesal penal español, destacando su singularidad como mecanismo de participación ciudadana y los problemas derivados de su uso abusivo, como la judicialización de la política. Se examinan las propuestas legislativas recientes que buscan limitar su alcance y redefinir sus requisitos, evaluando los riesgos de desnaturalización frente a la necesidad de preservar su función democrática y garantizar un ejercicio equilibrado de la acción penal.

Los sefardíes, descendientes de judíos que vivieron en la Península Ibérica antes de la expulsión en 1492, pueden adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza, siempre que acrediten dicha condición y una especial vinculación con España, al considerarse dichas condiciones como circunstancias excepcionales. No obstante, no comporta una concesión reglada de su otorgamiento sino que la nacionalidad por carta de naturaleza constituye una concesión discrecional del Consejo de Ministros que puede controlarse en vía jurisdiccional por la vía de la exigencia del procedimiento seguido y las condiciones personales del solicitante que hayan quedado acreditadas.

El AI Continent Action Plan incluye una inversión de 20.000 millones de euros y priorizará la construcción de centros que alojen supercomputadoras de máxima potencia.

Ni estaba autorizado, ni la necesitaba para su actividad laboral.

Considera que no supera el control de transparencia y provoca un desequilibrio importante en detrimento del consumidor aplicando para ello las pautas marcadas por la STJUE 12 Dic. 2024 (C-300/2023), que resolvió la petición de cuestión prejudicial que planteó el propio Juzgado.

Aunque el Servicio de Depósito es de naturaleza publica por estar prestado por el Ayuntamiento, está regulado por el código civil como contrato de depósito, en la variedad de secuestro judicial, que consiste en la recepción de una cosa ajena con la obligación de cuidar de ella y restituirla.

El despido es improcedente y no nulo por no poder apreciarse en la empresa conducta alguna en la que poder residenciar, la voluntad de vulnerar los derechos de la trabajadora, por razón de salud, que se encontraba en situación de incapacidad temporal.

Se obliga a las empresas a realizar los ajustes necesarios u ofrecer un nuevo puesto antes de decidir la extinción del contrato.

La Directiva no exige que esa cláusula mencione el contenido preciso de los servicios cubiertos por dicha comisión ni el precio de cada uno de esos servicios. Incumbe en todo caso al juez competente cerciorarse de que se respetan las exigencias de la buena fe y de que la citada cláusula no causa un desequilibrio importante.

Un empleador subrogado en los derechos de su trabajador, por haber abonado la retribución de este, ha sufrido un daño propio y es por tanto él mismo una «persona perjudicada», de modo que puede beneficiarse de la posibilidad de ejercitar su acción contra un asegurador ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que tenga su domicilio.

Esta prohibición de principio se aplica hasta que la Comisión haya concluido el examen de esas declaraciones y las haya incluido en las listas de declaraciones de propiedades saludables autorizadas, a menos que ya se admita su uso en virtud de un régimen transitorio.

También están en auge los carruseles de contenidos y las encuestas, que mejoran la interacción con tus contactos.

El Tribunal Constitucional declara que, aun cuando los personajes públicos tengan la obligación de soportar un nivel más intenso de la crítica y del escrutinio público, ello no comporta que cualquier imputación que afecte a su reputación pueda ser amparada por la libertad de expresión.

Hoy lunes día 5, en la sede del Consejo General del Poder Judicial. El informe contiene el análisis estadístico de los asesinatos por violencia de género ocurridos durante el pasado año.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro analiza la regulación legal y la doctrina sobre esta materia.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido a la Comisión Europea que revise el borrador del Código de Buenas Prácticas de la IA de Propósito General para proteger los derechos de autor de creadores, en el que la Comisión ha estado trabajando en los últimos meses.

Abre una consulta pública para fijar criterios que valoren si las medidas de alfabetización mediática están funcionando.

La nueva metodología permitirá a los prestadores y plataformas autoevaluar el alcance e impacto de sus iniciativas.

Los interesados pueden participar hasta el 6 de junio de 2025.

La Abogacía y las principales plataformas de mutualistas se han reunido para abordar cómo solucionar el problema de las pensiones de los mutualistas, en el marco de los encuentros que llevan manteniendo desde el pasado mes de julio.