El presente comentario tiene por objeto determinar la conceptualizacin normativa de la figura del DPD en caso de reclamacin ante la autoridad de control y, en base a la misma y a la normativa administrativa, analizar si el DPD ostenta legitimacin para la formulacin de recurso de reposicin ante resoluciones de la autoridad de control por reclamacin de los interesados y si su intervencin pudiere, adems, evidenciar una quiebra a la garanta de su independencia generadora de conflicto de intereses.

Se aborda en lnea de principios jurisprudenciales la regla esencial de libre y autnoma valoracin de la prueba en el enjuiciamiento social del recargo de prestaciones. ste no se ve afectado por el principio constitucional non bis in dem, ni por el efecto material de la cosa juzgada, teniendo como nico condicionante el que la sentencia absolutoria declare la inexistencia del hecho o la ausencia de intervencin. Sin embargo, y pese a la incuestionable independencia absoluta en la valoracin de la prueba entre la jurisdiccin penal y laboral, en la medida que operan sobre culpas distintas y no manejan de idntica forma el material probatorio, enjuiciando la misma conducta, la realidad forense impone una suerte de principio que llamo de comodidad probatoria, que hace que se traslade, con demasiada frecuencia, el resultado procesal absolutorio penal a la desestimacin del recargo prestacional.

La sentencia del TS de 22 marzo de 2020 qu resuelve un recurso de casacin sobre una tarjeta revolving, lejos de fijar una doctrina clara que evite la litigiosidad que gener la sentencia de 25 de noviembre de 2015, resolviendo la cuestin mediante los controles de incorporacin y transparencia, propios de la contratacin seriada, sobre los que poda entrar incluso de oficio, ha resuelto el recurso aplicando la Ley de Usura a un mercado financiero, cuando la norma est prevista para supuestos individuales, dejando de aplicar, adems, el elemento subjetivo, que es el elemento esencial de la Ley de Usura, siendo diversos los efectos que la sentencia de 4 de marzo de 2020 producir, con el riesgo “notablemente alto” de haber provocado una llamada a la litigacin masiva, que no tardaremos mucho en comprobar si los peores augurios se cumplen.

Para que una marca sea contraria a las buenas costumbres ha de ser percibida por el pblico como contraria a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad.

Vulneracin del derecho al honor del padre. El hecho de que la menor no sea imputable penalmente no significa que no se pueda atribuir a su progenitora custodia la responsabilidad por un hecho que podra ser calificado como delito.

El Tribunal de Justicia autonmico reconoce una concurrencia de culpas, insistiendo que, si bien en su mayor parte se debi al propio conductor, tambin, aunque en menor grado de responsabilidad, es innegable la falta de diligencia de la administracin en la conservacin de la carretera, por lo que, tras dejar constancia de lo desorbitada que se revela la cuanta en que cifra su pretensin indemnizatoria el recurrente, estima parcialmente el recurso y le reconoce una indemnizacin mxima de 3.600 euros.

Pueden existir supuestos en que la decisin del letrado de la Administracin de Justicia excluida del control judicial concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso que ataen a la funcin jurisdiccional reservada a jueces y magistrados.

A diferencia de los estados de sitio y de excepcin, que responden a causas polticas, el estado de alarma se debe a situaciones producidas por causas naturales, abuso de derechos o incumplimiento de deberes en todo el territorio nacional o en parte del mismo. Declarada la epidemia de COVID-19 por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020 como emergencia de salud pblica de importancia supranacional y ante su evolucin epidemiolgica en paises como China, Italia, Irn o Corea del Sur, junto con su extensin diaria en el territorio nacional, no es descabellado ni un ejercicio de distopa jurdica, la previsible adopcin urgente por el Gobierno de Espaa del estado de alarma en todo el territorio nacional o en parte del mismo como medida necesaria de profilaxis para contrarrestar y contener la extensin del virus.

ElReal Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo,adopta por un lado medidaseconmicas, de manera destacadala suspensin del lanzamiento depersonasen situacin de especial vulnerabilidad en losprocesosde ejecucin hipotecaria y, por otro, medidas en el mbito de la salud para frenar la expansin del coronavirus, como laequiparacin de los periodos de aislamiento o contagio alaccidente de trabajo, a efectos de la prestacin por incapacidad temporal.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el mbito econmico que refuerza la proteccin a colectivos vulnerables que se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario.

El Consejo de Ministros ha acordado establecer medidas excepciones para limitar la propagacin y el contagio por el Covid-19, mediante la prohibicin de los vuelos directos entre la Repblica Italiana y los aeropuertos espaoles.

El Grupo Europeo de Magistrados por la Mediacin (GEMME) inicia un nuevo mandato con presidencia espaola. Por primera vez la seccin espaola es mayoritaria en el rgano de gobierno europeo: adems de Rosala Fernndez Alaya como presidenta se integran en el nuevo Consejo de Administracin dos magistradas espaolas, Lourdes Arastey para asuntos europeos y Carme Guil como tesorera adjunta.

Puede ser ms eficaz y garantista la investigacin penal de un fiscal que la de un juez de instruccin? Esta es la pregunta a la que trata de responder esta obra. En ella se hace un estudio riguroso sobre la realidad del proceso penal en nuestro pas, se analizan datos estadsticos y se ofrecen opiniones doctrinales plurales que conducen a un panorama sombro: la cronificacin de la ineficiencia de un modelo basado en unas estructuras que ya no pueden ofrecer una adecuada respuesta a la criminalidad del siglo XXI.

La Sala sugiere que la restriccin de la actividad judicial se limite a aquellos servicios y asuntos que, por la naturaleza de los derechos en juego, resulten preferentes

Por regiones, la proporcin de teletrabajadores ha crecido en 12 comunidades autnomas. Las mayores subidas se han registrado en Baleares y Catalua, con subidas del 9,1% y del 9,3%, respectivamente.

Sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electrnico podrn transfomarse a bancos.