Anlisis sobre la concrecin exacta del domicilio correcto del demandado en las demandas civiles para evitar situaciones de indefensin del demandado cuando se indica un domicilio distinto al real que puede acabar en un emplazamiento edictal y una vulneracin de la tutela judicial efectiva del demandado

El legislador de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas (LPAC) incorpor un rgimen de bonificacin o reduccin de las multas pecuniarias, en el supuesto de que el administrado infractor reconozca su responsabilidad y desista o formule renuncia a accin o recurso en va administrativa contra la sancin. Esas reducciones o bonificaciones pueden ser significativas y alcanzar has el 40 por 100 del importe de la sancin propuesta. El tiempo transcurrido ha puesto en evidencia significativas disfunciones en el sistema que van desde el sealamiento del momento en que debe determinarse la sancin, a situacin de concurso de conductas, sanciones y su tratamiento. A ello debemos unir algunas malas prcticas desarrolladas por algunas administraciones, exagerando la sancin propuesta para hacer inefectiva esa reduccin ya que el importe resultante sigue siendo manifiestamente excesiva.

El criterio que permite distinguir entre una operacin que tiene el efecto de transmitir fondos e implicar modificaciones jurdicas y financieras, incluida en la exencin prevista para las operaciones financieras en el art. 13, parte B, letra d), punto 3, de la Sexta Directiva, y una operacin que no tiene esos efectos y que no estar incluida en la exencin, pasa por determinar si la operacin considerada transmite, de manera efectiva o potencial, la propiedad de los fondos de que se trata, o slo tiene el efecto de cumplir las funciones especficas y esenciales de ese tipo de transferencia.

En los casos de lactancia materna no es posible fijar un rgimen de visitas calificado como ordinario, con pernoctas los fines de semana.

Responsabilidad del Ayuntamiento por funcionamiento anormal de sus rganos urbansticos. Retraso injustificado en el otorgamiento de la licencia a la que tena derecho la promotora, as como en la expedicin de la certificacin de acto positivo. No rompe la relacin causal entre la actuacin administrativa y el dao reclamado la presin popular contra la ejecucin del proyecto.

Segn el Tribunal, la comercial realizaba sus cometidos de forma descuidada y pasiva, pero no excedi el lmite de la buena fe en relacin con su empleadora. Y a pesar de que desoy los avisos de su superior, entiende que no concurre deslealtad laboral.

Si la actividad del presidente cumple los requistos establecidos en la normativa del Impuesto, deber repercutir el impuesto a la comunidad de propietarios.

No consta que el tratamiento seguido por el trabajador para reasignacin de gnero suponga una incapacitacin para la ocupacin o actividad habitual por un periodo mnimo continuado de tres meses, ni que el mismo haya supuesto una secuela permanente.

Wolters Kluwer apoya a la Fundacin CRIS contra el Cncer. Nos ayudas?

Proyecto de Orden por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones electrnicas en el mbito de la administracin de la Seguridad Social.

Dictamen del Consejo Econmico y Social CES 04/2019 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras.

El Tribunal Constitucional ha resuelto la situacin definitivamente, concluyendo que puede utilizarse la prueba ilcitamente obtenida, vulnerando el derecho fundamental de intimidad —econmica—, si una vez realizada la ponderacin correspondiente de las circunstancias concurrentes, el derecho a un proceso justo no precisa la aplicacin de la regla de exclusin de la prueba.

El magistrado, de otro lado, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones seguidas contra el nico investigado por las ayudas de 200.000 euros a otra empresa.

Mediante esta alianza estratgica, Abogaca Espaola y CEDRO informarn y formarn en materia de propiedad intelectual a los miembros de los 83 Colegios de Abogados de Espaa.

La Comunidad de Madrid ha solicitado a jueces y fiscales que agilicen los trmites legales para combatir las okupaciones ilegales de inmuebles ante los 4.000 pisos okupados en la regin, gran parte de la Agencia Social de la Vivienda (antiguo IVIMA).