El Ministerio de Justicia ha propuesto que las indemnizaciones por la prestación de la asistencia Jurídica Gratuita suban un 5% en 2024 en el territorio común. Pero el Consejo General de la Abogacía considera que esto es insuficiente y reclama que la subida se adecue a la evolución del IPC,que ha aumentado un 17% desde 2018, último año en el que se revisaron los baremos. Además pide que se incluyan intervenciones profesionales que actualmente no están remuneradas.
Por Jesús Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
El autor hace un análisis de la reciente sentencia de la sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de septiembre, referente a la cosa juzgada en un procedimiento de ejecución de título no judicial.
Estas diligencias son un trámite preparatorio de un procedimiento posterior, a partir del cual quién se plantee interponer una demanda, puede solicitar el auxilio de los órganos judiciales para obtener determinada información.
Con la rúbrica de este acuerdo, cuya vigencia será de cuatro años, el órgano de gobierno de los jueces y la Abogacía sientan las bases para una alianza estratégica que llevará a acciones concretas en áreas compartidas de interés mutuo para ambas instituciones.
Noviembre: Jornadas de Derecho Penitenciario en Ávila y de Extranjería en Castellón
El próximo mes tendrán lugar dos encuentros anuales de la Abogacía. Las Jornadas de Asistencia Jurídica Penitenciaria analizarán el 9 y 10 en Ávila cómo garantizar los derechos de los internos o el papel del juez de vigilancia penitenciaria.
Además, las Jornadas de Extranjería y Protección Internacional , el 16 y 17 de noviembre en Castellón, revisarán el pacto migratorio de la UE, el arraigo y la asistencia a migrantes. Las inscripciones siguen abiertas para ambas citas.
El alto tribunal avala que se pueda utilizar el seguimiento sin necesidad de acreditación. Nos lo cuenta Irune García-Diego, quien también ha conseguido con este fallo que se revocara la condena a la empresa de pagar una indemnización de 10.000 euros al trabajador por vulneración de sus derechos fundamentales.
El progenitor se vio obligado a reducir su jornada laboral en un 50% al aumentar los controles del nivel de glucosa de su hijo. La solicitud del padre fue rechazada por la mutua por no considerar “la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente” que justificara la reducción de jornada y la consiguiente pérdida de ingresos.
