El Consejo considera que el texto del Gobierno transforma el ejercicio de la administración concursal en una tarea limitada a un grupo reducido de profesionales sin que para asumir esta tarea se establezca de forma nítida la condición de ejercer como “abogado, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas”. Las alegaciones, registradas en el Ministerio de Justicia, manifiestan el descontento ante esta restricción ya que frena la reestructuración de las empresas en concurso y señalan la necesidad de establecer una retribución mínima por el trabajo de administración concursal. | 