En esta tercera entrega, se destaca la importancia de la interoperabilidad entre sistemas, el diseño de mecanismos de control, la explicabilidad y la transparencia para una implementación segura de la IA en las administraciones públicas. También se abordan los retos éticos y jurídicos que conlleva su uso en este ámbito y se propone una hoja de ruta hacia una IA pública responsable.

En este trabajo se realiza un análisis crítico de la intervención del Ministerio Fiscal en representación y defensa de los menores de edad no emancipados al amparo de los arts. arts. 29 LJV y 8.2 LEC. A la vista de dicho análisis, se cuestiona la idoneidad de la Fiscalía para desempeñar tales funciones sin menoscabo del interés superior del menor y de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la defensa. Y, por último, se proponen diversas reformas procesales con el objetivo de reforzar la protección de los menores en las causas civiles.

La vía penal ofrece al legítimo poseedor de un inmueble dos instrumentos —allanamiento de morada y usurpación— para reaccionar frente a la ocupación ilegítima. Este artículo sistematiza su regulación vigente, los criterios jurisprudenciales consolidados y el impacto de la Ley Orgánica 1/2025, que incorpora el juicio rápido y refuerza las medidas cautelares de desalojo. Se delimitan los requisitos típicos, las exclusiones por buena fe, la relación con los principios de intervención mínima e in dubio pro reo y se formulan pautas prácticas para la acusación y la defensa.

La pretensión de que la adjudicación de bienes al acreedor por la cantidad que se le deba por todos los conceptos se haga por un porcentaje mínimo del valor por el que el inmueble hubiese salido a subasta, determinando que la segunda hipoteca a favor de la propia acreedora quedara financieramente amortizada, debe hacerse valer en el seno del procedimiento de ejecución mediante la interposición de los correspondientes recursos. El ejecutado no puede impugnar en un juicio declarativo los pronunciamientos efectuados en el procedimiento de ejecución sobre la aprobación del remate y la adjudicación de bienes al acreedor, pues pudo impugnar el decreto dictado por el LAJ en el propio procedimiento de ejecución hipotecaria.

En los casos en los que no es vinculante el baremo, al que se acude buscando criterios orientadores de valoración del daño, no tiene tanto sentido imponer que deban aplicarse taxativamente unos criterios que ni son vinculantes cuando se fija la indemnización ni tampoco lo eran cuando se produjeron los fallecimientos o se diagnosticaron las enfermedades por las que se reclama.

No consta en la conversación telefónica una aceptación específica de la referida cláusula, que no puede identificarse con el consentimiento al contrato en su integridad.

Realizar el cálculo dividiendo por las horas de la jornada completa o jornada a tiempo parcial, según el caso, beneficiaría a los empleados públicos a tiempo parcial.

El daño resultante del retraso debe poder señalarse al transportista aéreo desde el momento en que el pasajero afectado tenga conocimiento de ese retraso y, a más tardar, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que dicho equipaje haya sido puesto a su disposición, sin que el pasajero deba esperar a que el equipaje se ponga a su disposición.

Sustituyendo a la del período 2021-2024, es la primera que se elabora tras el nuevo marco normativo de la Ley de empleo 2023.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, se modifican los modelos 170 y 171 y 181, así como el modelo 196 que aglutina el contenido declarativo del modelo 291 que desaparece, y se crea un nuevo modelo, el 174 de declaración informativa sobre todo tipo de tarjetas.

Se modifica el procedimiento para solicitar el reembolso de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por los destinatarios de las operaciones exentas del régimen diplomático, consular y de organismos internacionales, así como el procedimiento para solicitar el reconocimiento previo de la exención, y se modifican los modelos 362 y 363.

En un Auto de desistimiento el LAJ interviniente incluyó la frase “Quizás el recurrente o/y su asistencia legal adolece de un problema de dislexia mental que debería tratarse médicamente.”

Como novedad respecto a ediciones anteriores se amplía la subvención nominativa a la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Ciudad de la Energía y la Biblioteca Nacional de España.

La reforma pretende actuar ante el reto demográfico al que se enfrenta nuestro país, cuando el número de personas mayores se multiplique en los próximos años y aumente, así, el número de personas en situación de dependencia.

Se refuerza la asignación de plazas a cuerpos y escalas de los subgrupos de funcionarios C1 y C2, los estrechamente vinculados a la atención a la ciudadanía.

El Gobierno y la Generalitat han acordado el nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, aunque no estipula ni cifras ni fechas exactas. La ATC recaudará todos los impuestos en Catalunya en el futuro y no estará tutelada por la agencia estatal.

El presidente de la Abogacía, Salvador González, pidió ayer en Canarias que se deje de politizar el reparto de menores no acompañados y se dé una solución inmediata al tema para poner fin a la vulneración de sus derechos fundamentales.

El Supremo destaca que en la exposición hay una “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación de la persona aforada” en los hechos, por lo que archiva la causa.

En virtud del acuerdo se traspasan a Euskadi las funciones relativas a la gestión tramitación, reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora de las tres prestaciones familiares no contributivas y del subsidio especial por nacimiento de la Seguridad Social.

La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado este martes las candidaturas a presidir las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) para que vuelvan a elevarse a Pleno el próximo 23 de julio, en un último intento de desbloquear estos nombramientos clave antes de abrir la terna a nuevos aspirantes.

Convocan una concentración este miércoles en Barcelona y una gran asamblea sindical unitaria el próximo 22 de julio en Madrid.

El despido laboral implica aspectos fiscales críticos. Este estudio analiza exenciones, deducibilidad y obligaciones para trabajadores y empresas.