Presentado el nuevo informe sobre Indicadores de la Actividad de la Justicia, que trata las secuelas de la pandemia en el sistema judicial.

La Teoría General del Delito se ha ocupado tradicionalmente del estudio completo de los tipos penales mediante la exégesis de los mismos. En particular, alcanzan especial relevancia por su dificultad los controvertidos elementos subjetivos del injusto. Su análisis en Derecho Penal ha hecho correr ríos de tinta, resultando interesante trasladar su debate al ámbito penal militar mediante la valoración de los delitos castrenses. Esta publicación se centrará en la investigación del artículo 46 del Código Penal Militar, comprendido en el Capítulo III, del Título II, Libro II.

Con el respeto y la implementación del bien superior del menor debe alcanzar el Derecho de Familia un objetivo fundamental en nuestra Sociedad para el que no está preparado, pues procedimental y estructuralmente sigue anclado en esquemas jurídicos tradicionales. Es función de la Política contribuir a facilitar de manera responsable los cambios que para alcanzar tal fin sean necesarios.

Si la situación fáctica es igual para todos los trabajadores, la consecuencia jurídica también debe ser la misma.

La actuación de la demandante es contraria a la buena fe, no siendo admisible que, habiendo promovido una demanda de divorcio y obtenido una resolución favorable, defienda años más tarde, conocedora de la disposición testamentaria del causante, que dicho divorcio carece de efectos en España. Dicha conducta es contraria a sus propios actos.

El RD 463/2020 exige el mantenimiento de la actividad educativa siempre y cuando sea posible y se cuenten con medios suficientes necesarios para poder llevarla a cabo, lo que no es posible en los contratos suspendidos, en los que es preciso una presencialidad para poder desarrollar la actividad.

Los estudios de Prado del Rey, así como el vestuario y los decorados, estaban construidos con amianto, y el continuo contacto con este material hizo que el presentador desarrollase un mesotelioma pleural con el tiempo.

Las sancionadas implantaron en España un sistema de exclusivas compartidas, conocido como MLS, con el que imponían comisiones mínimas de intermediación. En general, para participar en el sistema, se exigía una comisión mínima del 4 % para la compraventa y de un mes para los alquileres. La participación en este sistema (MLS) limitó la capacidad de las inmobiliarias de competir y de fijar comisiones independientemente.

La mujer tendrá la condición de víctima de violencia de género a efectos administrativos y acceder a los beneficios que comporta cuando, entre otros, el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído, o incluso cuando exista sentencia absolutoria u otra causa que no declare probada la existencia de la violencia.

La Ley 7/2021, de 3 de diciembre, atribuye al nuevo órgano la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de la región, incluidas las entidades locales, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas.

La Ley 15/2021, de 3 de diciembre, considera violencia de género también la cometida a través de internet, redes sociales, sistemas de mensajería, correo electrónico o servicios de geolocalización, con la finalidad de discriminar, humillar, chantajear, acosar o ejercer dominio sobre la víctima.

La Guía se completa con una aplicación disponible en www.registradores.org que permite evaluar el estatus organizativo en materia de protección de datos.En su presentación, el director de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio ha manifestado que se trata de una transferencia de conocimiento pura para una completa difusión de la cultura de la privacidad, la transparencia y el buen gobierno corporativo. El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con Unión Profesional.

En tres sentencias, el Pleno examina la legalidad de varias resoluciones administrativas que habían impuesto sanciones administrativas de multas, por infracciones administrativas en materia de marina mercante, una de ellas por importe de 250.000 euros.

El Colegio de Registradores de la Propiedad, el Ministerio de Asuntos Económicos y el Ministerio de Justicia han firmado un convenio para suministrar datos relativos a los procedimientos concursales en España, según se publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado.

La actividad de la ONE se materializará en un informe preceptivo que se emitirá con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión y a la adopción de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio económico de estos contratos.