La indemnización por clientela del comerciante arrendatario ha llegado, casi tres décadas después de su regulación legal en el art. 34 LAU 94, al Tribunal Supremo. La Sala, en su Sentencia de 19 de junio de 2024, fija criterios, en interés casacional, sobre algunos aspectos conflictivos del art. 34 LAU, particularmente en lo que se refiere a qué es una actividad comercial de venta al público, lo que delimita el ámbito objetivo de aplicación del precepto. Al propio tiempo se aprovecha para recordar y sistematizar los requisitos de aplicación del art. 34 LAU y, especialmente, su carácter dispositivo y renunciable, por el arrendatario.

En la práctica diaria, desde nuestra firma nos encontramos con la casuística de que sociedades mercantiles cesan a sus administradores, hecho que tiene un procedimiento regulado por la legislación española para lograr la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

La Causa especial 20907/2017 del Tribunal Supremo, que gira en torno al «procés» independentista, ha marcado un nuevo hito en la práctica judicial española con el rechazo del Tribunal Supremo a amnistiar delitos de malversación, basándose en la Ley de Amnistía, el alcance del enriquecimiento personal en la malversación de caudales públicos y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. En este trabajo, se recoge un análisis de todo lo concerniente a la imposibilidad de poder amnistiar los delitos de malversación de caudales públicos cometidos por los líderes del independentismo catalán y al desarrollo de la correspondiente argumentación por parte del Auto del Tribunal Supremo (Sala II) de 1 de julio de 2024.

Interpretación del art. 101.1 TFUE. Debe calificarse de restricción de la competencia por el objeto un exhaustivo intercambio de información recíproca y mensual entre entidades de crédito competidoras referido a las condiciones aplicables a las operaciones realizadas en dichos mercados, en particular los diferenciales de crédito y las variables de riesgo, así como a los volúmenes de producción individualizados, en la medida en que, al menos, esos diferenciales intercambiados sean los que esas entidades tienen intención de aplicar en el futuro.

La acción derivada de producto defectuoso se refiere al daño causado a personas o bienes distintos del propio producto. No es una suerte de extensión de la garantía del propio automóvil porque después de diez años de uso aparezca una avería.

Expone el Supremo que son dos los requisitos para acceder a la autorización de residencia: tener "recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida", y tener "un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida", pero respecto a este seguro, sólo es necesario que se trate de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida.

La forma en que se produjo el accidente por colisión por alcance contra la motocicleta, que circulaba correctamente, circulando el acusado sin respetar el límite de velocidad y a velocidad aún superior en los momentos anteriores, y llevando a cabo una conducción errática con cambios continuos de carril, efectuando movimientos en zigzag, y sin prestar la debida atención a las incidencias del tráfico, circunstancias determinan la concurrencia de un plus sobre la relevante infracción de la norma de cuidado que es propia de la imprudencia grave.

Se ha vulnerado su derecho al honor y a la dignidad, pero no hay acoso laboral porque las injurias fueron vertidas por su estado de rabia al tener que contratar a otra empleada que la sustituyera.

El domicilio constituye una sede física localizada en un lugar permanente y debidamente identificado por referencia a su situación. Pretender que un vehículo situado en el exterior de la sede física de la sociedad equivale al domicilio social es incompatible con el contenido y las exigencias de la LSC y del RRM, así como con las derivadas de la seguridad jurídica para socios y terceros que el art. 175 de dicha pretende garantizar.

En el caso, la bonificación del rendimiento de trabajo no puede ser tomada en consideración para cuantificar la renta a integrar en el base imponible general, en tanto que la renta de la cónyuge de la parte reclamante, a integrar en la base imponible general, superó en el ejercicio 2021 el límite de 8.000 euros establecido en el artículo 70.3 la Norma Foral 3/2014.

Hay una serie de medidas e iniciativas que pueden ayudar a paliar la procrastinación y agilizar la incorporación a la rutina laboral

Razona la sentencia que para los gastos de combustible y peaje, acreditada la realidad de los desplazamientos, es evidente que estos entrañan gastos de combustible y peajes, por lo que de la insuficiencia probatoria de la vinculación exclusiva del vehículo a la actividad que es en lo que se sustenta la regularización de tales gastos no cabe inferir la culpabilidad..

La nueva norma diseña el procedimiento arbitral y dota a la CNMC de una mayor transparencia y predictibilidad como órgano de arbitraje.

Prevé un procedimiento abreviado para los casos de menor complejidad y escasa cuantía (100.000 euros).

Incluye algunas de las aportaciones recibidas en las consultas públicas de septiembre de 2023 y febrero de 2024.

La CNMC ha tramitado 11 arbitrajes desde su creación: dos en el sector energético y nueve en el marco del expediente Telefónica/DTS.

El precio del metro cuadrado sube un 2,8% interanual en España

"El estudio que la consultoría estratégica de espacios Steelcase ha llevado a cabo a nivel global revela una significativa brecha entre la percepción de bienestar de los directivos y la de sus equipos, destacando la importancia de un liderazgo visible en las oficinas, pues la presencia activa de los CEO puede aumentar en un 6% el compromiso de los trabajadores, mejorar la productividad en un 4% y reducir la rotación de personal en un 7%."