Se analizan las circunstancias por las que atraviesan los menores de edad que son víctimas de delitos de agresiones sexuales a menores en el hogar y la aplicación del concepto de «indefensión aprendida» como lastre que les genera a los menores víctimas la conciencia de la dificultad que tienen de salir de la victimización a la que les está sometiendo su familiar en su propio hogar.

La «indefensión aprendida» es un concepto implantado por el psicólogo Martin Seligman en la década de los 60 y que ahora puede aplicarse a estas situaciones.

Se analizan también los subtipos agravados del art. 181.5 e) CP de parentesco, relación de superioridad y convivencia con el menor víctima por parte de su familiar en la jurisprudencia del Tribunal Supremo).

El presente artículo pretende hacer un análisis de la naturaleza jurídica y evolución de la jurisprudencia en la aplicación del principio de flexibilidad desde su introducción en el año 1996 hasta la actualidad, incidiendo en algunos casos que por sus peculiaridades criminológicas, han afectado a los principios de aplicación que estaban en el origen de la institución.

El artículo analiza la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la dispensa de la obligación de declarar en contextos de violencia de género. En su sentencia del Pleno 41/2025, de 11 de febrero, el máximo intérprete constitucional avala la no aplicación de la dispensa de la obligación de declarar en un caso de violencia de género. Precisa que el ejercicio de la acusación penal por parte de la víctima-testigo impide que pueda ejercerse el derecho a no declarar como testigo en ese mismo proceso. En este sentido, el Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo del condenado por violencia de género quien afirmaba que se habían vulnerado sus derechos en el marco de la tutela judicial efectiva por parte de los órganos judiciales por la no aplicación de la dispensa. El análisis del pronunciamiento del Tribunal Constitucional resulta relevante en la medida en que clarifica un tema —como la dispensa en contextos de violencia de género— que viene generando discusión jurídica y posturas encontradas en la praxis jurídica del foro. De ahí la pertinencia de su análisis a los efectos de determinar, en primer lugar, en qué términos se delimita constitucionalmente el derecho de dispensa de la obligación de declarar de la víctima en su doble condición procesal de víctima-testigo. En segundo lugar, qué argumentos han resultado claves para apreciar la especial trascendencia constitucional del caso. En tercer lugar, cuáles han sido los argumentos jurídicos centrales para rechazar el amparo y, finalmente, qué aspectos generan mayor discusión jurídica a tenor del voto particular.

Existen figuras jurídicas que, pese a su importancia e intensiva aplicación, han pasado durante la última década desapercibas para el legislador. Sin embargo, han sido objeto de una especial atención jurisprudencial y doctrinal, que han intentado dotarlas de cierta regulación o coherencia práctica. Entre ellas los pactos parasociales.

Reforzará la seguridad digital de Europa y facilitará el cumplimiento de la Directiva NIS2 de ciberseguridad en sectores críticos.

Es muy difícil explicar que esos encuentros sexuales carecen de relevancia penal y, sin embargo, sí la pudiera tener el envío de la fotografía de un órgano sexual a quien voluntariamente ha estado en contacto corporal con él.

Considera manifiestamente desproporcionada la suma concedida en la instancia (800.000 euros) y la fija, ponderando las circunstancias concurrentes, en 150.000 euros. Aunque no cuestiona la gravedad de los ataques, que se prolongaron a lo largo de 35 programas o espacios durante más de 1 año, ni las consecuencias médicas, sociales y profesionales que tuvieron para el aludido, tiene en cuenta, por un lado, que el origen de la exposición pública de su vida privada se encuentra en su propia actuación, al grabar en su domicilio un vídeo durante el confinamiento con su intervención para un programa de Internet en el que se pudo ver a una mujer que no era su pareja, y por otro, que la cantidad que se le otorgó excede con mucho no sólo la media habitual, sino las más elevadas que se han reconocido para intromisiones ilegítimas en los derechos al honor y a la intimidad.

La empleadora simplemente se centró en que la trabajadora no es apta, por lo tanto, no considera necesario adaptar ni dar contenido al teletrabajo solicitado.

La sentencia confirma la corrección de la decisión del Ayuntamiento, -en uso de su autonomía local-, de no seguir el régimen previsto en el artículo 64 de la Ley de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, y determinar el valor en el mercado de las instalaciones a los valores de referencia recogidos en las Órdenes IET/2659/2015, e IET/2660/2015,  del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Te ofrecemos un curso online de 100 horas para actualizar, a tu ritmo, tus conocimientos sobre el RD 1155/24, vigente desde el pasado 20 de mayo. Te formarás de la mano de José M.ª Pey González, abogado y vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE. Y con el apoyo y la metodología del equipo de Formación Aranzadi LA LEY.

El Pleno acuerda que no será necesario el cese y nueva toma de posesión del cargo de los titulares de los Juzgados que se transformarán en plazas de sección de los tribunales de instancia

La resolución afecta a todos los beneficiarios del Plan de Pensiones de Iberdrola y supone la obligación de actualizar las prestaciones correspondientes al año 2022 tomando como referencia el incremento del IPC a diciembre de 2021, que fue del 6,5%, y abonar la diferencia resultante a los afectados.

Los magistrados señalan que si se da nuevamente esta situación -pues ya ha estado destinado fuera otras veces- se podrá solicitar medidas provisionales y no modificar algo “en previsión de un futuro incierto”.

Asimismo, el texto reconoce los parques solares y eólicos y las instalaciones de almacenaje energético como proyectos de interés público superior para acelerar las autorizaciones que tramita el Gobierno autonómico.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley que transpone la directiva europea relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad de criptoactivos, más conocida como 'DAC8', por lo que su siguiente parada es el Congreso de los Diputados.

El acusado desde un primer momento del procedimiento reconoció los hechos y explicó la mecánica operativa, que se reflejaba en el atestado policial y en la prueba documental obrante.

Un análisis dogmático del consentimiento penal, su rol en la teoría del delito, los bienes jurídicos y la libertad individual. Clave para entender su impacto en el derecho penal actual.