Una visión muy práctica, tanto sobre los principales aspectos de interés que vienen aplicándose de forma habitual, como sobre aquellos otros que son novedad para este ejercicio y de aplicación, por primera vez, en la declaración de 2024.

Tres expertos advirtieron de los peligros de confiar en la IA el futuro de la creación cultural y el registro de los datos de la humanidad. Fue el centro del debate de la lección de clausura de la 6.ª edición del «Diploma de Alta Especialización en Legal Tech y Transformación Digital» (DAELT), de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense.

La nueva regulación sobre la extinción del contrato por incapacidad permanente (Ley 2/2025) elimina la automaticidad y condiciona la extinción a la voluntad del trabajador y a la posibilidad de adaptar el puesto o reubicarlo en otro compatible. La reforma representa un cambio de perspectiva, priorizando la continuidad del empleo frente a su extinción, y obliga al empresario a implementar ajustes razonables. No obstante, la norma presenta ambigüedades e incongruencias que dificultan su interpretación y aplicación. En este estudio se trata de arrojar algo de luz sobre las más palmarias dudas respecto de la ordenación interna de las medidas de ajuste, la forma de llevar a cabo esos ajustes, el papel de los servicios de prevención, y las consecuencias de la no adopción de los ajustes razonables.

Este artículo ofrece al lector una primera aproximación a la doctrina que sienta la Sentencia del TJUE de 30 de abril de 2025 (dictada en el asunto C-536/2023, Bundesrepublik Deutschland v. Mutua Madrileña Automovilista) que resuelve una cuestión prejudicial planteada en el marco de un litigio entre la República Federal de Alemania (RFA) y la Mutua Madrileña Automovilista (MMA). Anticipa, de forma telegráfica, las claves que se desarrollarán en un comentario detallado que se publicará en el número de julio de la Revista La Ley UE.

El presente trabajo ofrece un análisis jurídico exhaustivo y crítico sobre la transformación estructural de la Administración de Justicia en España mediante la implantación progresiva de los Tribunales de Instancia, la redefinición de la Oficina Judicial a tenor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y la consolidación de servicios comunes como elementos nucleares del nuevo modelo. Se examina esta metamorfosis desde una perspectiva sistemática y filosófico-legal para captar no solo la dimensión normativa, sino la trascendencia cultural y organizativa del cambio. La digitalización, la trazabilidad de los procesos judiciales en trámite y la responsabilidad compartida se presentan como motores de una Administración de Justicia más eficiente, aunque no exenta de riesgos interpretativos, contradicciones estructurales y financieras y desafíos logísticos.

El artículo aborda el procedimiento adecuado para impugnar el cese de un trabajador, estableciendo que debe recurrirse al proceso de despido, incluso cuando la causa no sea disciplinaria. El Tribunal Supremo reafirma que cualquier decisión unilateral del empresario que finalice la relación laboral entra dentro del concepto genérico de despido, sometido al plazo de caducidad de 20 días según el Estatuto de los Trabajadores. Ignorar este criterio y optar por un procedimiento ordinario puede llevar a la caducidad de la acción. Este pronunciamiento busca clarificar dudas y unificar la doctrina para evitar errores procesales.

El magistrado Antonio Javier Pérez Martín, analiza en este artículo, publicado en el último número de la Revista de Derecho de Familia, los cambios que la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha introducido en los procedimientos de familia.

Se trata de evitar que el permiso pueda destinarse a fines espurios, como disfrutar de unos días de asueto cuando el pariente enfermo ya está curado o incluso trabajando.

En el supuesto de que vuelva a desempeñar su profesión en el extranjero, incrementando sustancialmente su salario, podrá instarse un procedimiento de modificación de medidas, pero habiendo cesado la situación que habría justificado el aumento de la pensión, no puede acordarse ningún cambio en previsión de un futuro incierto.

El atestado de la Guardia Civil acredita que la única causa del accidente fue la grieta abierta en una vía de titularidad autonómica, reveladora del mal estado de una calzada en la que no estaba prohibida la circulación de bicicletas.

El Estatuto de los Trabajadores es un cuerpo normativo mínimo inderogable que, si bien puede ser complementado con las previsiones de los Convenios colectivos, éstas nunca pueden ir en detrimento de los derechos de los trabajadores.

La falta de consentimiento no puede suplirse por una simple comunicación posterior por correo electrónico sin manifestar ningún impedimento o negativa.

El acreedor puede instar el acta de notoriedad, pero debe ser preciso en la aseveración de la certeza de los hechos positivos y negativos en que se haya de fundar el acta.

Para poder aplicar el derecho de subrogación entre países, las prestaciones deben ser comparables en propósito, aunque no necesariamente idénticas en su legislación

En el asunto Google Android, la Abogada General Kokott propone al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación de Google y, por tanto, confirme la nueva multa de 4.124 millones de euros fijada por el Tribunal General.

La prohibición en cuestión vulnera la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento en lo que respecta a las formas de publicidad que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva.

La Sala recuerda que no cabe una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso

El Colegio de Registradores ha precisado que el número de registro único de alquiler (NRUA), que entrará en vigor el próximo 1 de julio, solo será necesario para la comercialización de alquileres de corta duración a través de las plataformas de internet, según ha explicado en un comunicado.

La plantilla de funcionarios públicos de la Administración Central en España se cuenta entre las más envejecidas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según señala el 'think tank' para las economías avanzadas en su informe 'Gobierno de un vistazo 2025'.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España formuló en 2010 la demanda, a la que se adhirieron más de ochocientos consumidores, contra más de un centenar de entidades financieras.

El Gobierno de España vota en el Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) la directiva sobre regulación de las prácticas laborales.

La  Abogacía Española exhorta a todas las partes a seguir dialogando para llegar a un modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal que sea apoyado por una amplia mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país y por una mayoría de consenso entre los propios profesionales de la judicatura y la fiscalía.