El Diario LA LEY cede hoy parte de su espacio a la Revista especializada LA LEY Mediacin y Arbitraje, una publicacin de actualidad jurdica sobre mtodos alternativos de solucin de controversias. Pueden acceder al sumario completo del contenido del nmero 4.

La necesidad de humanizar la asistencia sanitaria y ms en los tiempos de Covid-19, en los que nos encontramos inmersos, hace necesario buscar nuevas formulas de resolucin de los conflictos sanitarios entre pacientes, profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias. La desescalada del conflicto sanitario tiene su puerta de salida en los sistemas alternativos de resolucin de los conflictos.

La inteligencia artificial es una herramienta que se ha infiltrado en buena parte de nuestras vidas cotidianas. La propuesta que se formula en el presente estudio consiste en averiguar si las reclamaciones de consumo son clasificables con cierta facilidad, cosa que deben evaluar las Juntas arbitrales de consumo, utilizando la informacin que, de hecho, ya est disponible en algunas de sus webs, pero con bastante ms detalle. Si la respuesta a esa pregunta es afirmativa, el siguiente paso consiste en seleccionar las reclamaciones que sean ms frecuentes y que, adems, acostumbren a ser similares tanto en las alegaciones presentadas por el consumidor como en las defensas ofrecidas por los empresarios. Si es as, ello querr decir que la respuesta jurisdiccional tambin puede ser previsible, lo que abre el paso a su automatizacin a travs de algoritmos de inteligencia artificial.

En el arbitraje internacional el estndar comn es el de la prueba clara y convincente. Un fallo reciente sobre la ejecucin de un laudo de la Corte de apelacin de Pars introduce como nueva regla el conjunto de indicios, el cual permite deducir el cohecho. Sin embargo, en el mismo asunto, tal estndar probatorio fue rechazado por los tribunales ingleses.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestim una accin de anulacin contra un laudo arbitral basada dos motivos. En primer lugar, la falta de competencia de la Corte, para administrar el arbitraje, por una incorrecta designacin de la misma en el convenio de arbitraje, En segundo lugar, la incorrecta composicin de un supuesto tribunal arbitral integrado por un rbitro y un secretario designado por la referida corte. En el presente comentario se analiza en alcance de ambas cuestiones por separado. Ambas cuestiones han motivado un estudo particularizado sobre ambas cuestiones.

El art 140 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Concursal (en adelante, TRLCon), presta atencin a dos cuestiones puntuales relativas al tratamiento de los arbitrajes y la mediacin en el marco del concurso. De un lado, estipula los efectos que se derivan de la declaracin de apertura de un concurso sobre los pactos de sometimiento a mediacin o los convenios arbitrales que hubieran sido concluidos por el deudor con anterioridad a la fecha de apertura del concurso. De otro, regula el tratamiento concursal de los procedimientos arbitrales y de mediacin en los que fuera parte el deudor concursal, que ya estuvieran tramitndose antes del inicio del concurso. El precepto recoge, en trminos generales, el contenido del derogado art. 52 de la Ley Concursal, aunque introduce una serie de novedades que se analizan en el presente comentario.

Dado que la competencia de los tribunales espaoles sobre la obligacin de garanta es nica y no est exceptuada por un convenio arbitral, ni siquiera prima facie, nada impide que una parte solicite la suspensin de la ejecucin de la garanta, si estima que hay causas ajenas a la relacin causal, amparadas en la propia nulidad de la garanta, tales como falsedad documental o cualquier otra circunstancia que afecte propiamente a la eficacia de la obligacin de garanta.

El curso, de 67 horas lectivas, se impartir va Zoom desde el 11 de enero hasta el 3 de marzo de 2021 y desde el inicio de las enseanzas los alumnos/as tendrn acceso a foros de debate y/o tutoras para resolver las dudas que les puedan surgir.

Segn un comunicado del CIADI, mediante resolucin adoptada el 10 de septiembre de 2020, el Consejo Administrativo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) reeligi a Meg Kinnear para un tercer mandato como Secretaria General del CIADI.

El 29 de octubre de 2020 el Pleno de la Corte de Arbitraje de Madrid adopt tres acuerdos importantes: la creacin de una nueva Comisin de Recusacin de rbitros, la constitucin de una Comisin Restringida del Pleno y la aprobacin de unas reglas de distribucin de competencias entre los rganos de la Corte, en relacin con las decisiones que el Reglamento atribuye a la institucin. Con estos cambios la Corte pretende continuar avanzando en su fortaleza institucional, garantizar la eficacia e independencia de sus decisiones, y renovar su compromiso con la transparencia.

El presidente de la Cmara de Comercio de Espaa, la Secretaria de Estado de Comercio, la presidenta de la Corte Espaola de Arbitraje y el presidente de CESCE participaron el 5 noviembre 2020 en un evento organizado por la Corte Espaola de Arbitraje.

La Corte Internacional de Arbitraje de la Cmara de Comercio Internacional (CCI) ha publicado su informe estadstico completo sobre la solucin de controversias correspondiente al ao 2019, habiendo anunciado en enero cifras rcord preliminares.

El Simposio Mediacin y Tribunales es un encuentro que convoca a jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administracin de justicia, resto de operadores jurdicos, mediadores, y otros otros profesionales del mbito de la mediacin no relacionados con el mbito jurdico, as como estudiantes. En esta ocasin, su objetivo fue es reflexionar y debatir sobre el estado actual de la mediacin, contribuir al cumplimiento del Objetivo 16 ODS e inspirar a todos aquellos que creen en la resolucin alternativa de conflictos como el mejor camino para conseguir una cultura de entendimiento, consenso y paz, especialmente en situaciones complejas y crticas.

El International Council for Commercial Arbitration (ICCA) es una organizacin no gubernamental (ONG) mundial dedicada a promover el uso y mejorar los procesos de arbitraje, conciliacin y otras formas de resolucin de controversias comerciales internacionales. Sus actividades incluyen la convocatoria de congresos y conferencias de arbitraje internacional, el patrocinio de publicaciones autorizadas sobre la solucin de controversias y la promocin de la armonizacin de las reglas, leyes, procedimientos y normas de arbitraje y conciliacin.

La LCIA ha publicao una actualizacin del Reglamento de Arbitraje de la LCIA y del Reglamento de Mediacin de la LCIA que ha entrado en vigor el 1 de octubre de 2020. Esta actualizacin fue iniciada por la anterior presidenta Judith Gill QC y ha sido finalizada por la presidenta Paula Hodges QC, con el apoyo de un gran nmero de usuarios, con el inestimable apoyo de un grupo de trabajo que incluye tanto al personal de la LCIA como a usuarios externos.

En este texto se presenta un estudio terico-prctico sobre el programa de prevencin de delitos o compliance program—Penal—. Es un tema jurdico de actualidad, pues numerosos tipos de delitos son cometidos a travs de las personas jurdicas, y para prevenirlos, detectarlos o reaccionar adecuadamente, se hace necesario implementar en el seno de las entidades jurdicas un programa de prevencin de delitos idneo.

El Derecho siempre va por detrs de la realidad y adaptndose a la misma, por su carcter cambiante. La realidad funciona a la par de las nuevas tecnologas, una vez que la informtica en menos de seis meses se queda obsoleta, dando paso a nuevos instrumentos de ciber comunicacin. En un mundo globalizado como el nuestro, aparecen nuevas formas de criminalidad transnacional informtica que requieren de una respuesta rpida, dando entrada a nuevos tipos de delitos y de delincuentes informticos, que constituyen un ataque al bien jurdico protegido de la libertad sexual, tales como el child grooming o ciberacoso sexual de menores de 16 aos, siendo los casos ms destacados, los de proposiciones sexuales de desconocidos a travs de internet con menores mayores de 13 aos. La Ley Orgnica1/2015, de 30 de marzo, de reforma de laLeyOrgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal espaol da respuesta satisfactoria a la realidad criminal existente. En este panora ma internacionacional, el delincuente informtico o ciberdelincuente tiene un perfil criminal muy distinto al delincuente comn, pudiendo pasar desapercibido a travs de las fronteras sin dejar rastro; ello exige a Espaa como Estado miembro de los compromisos internacionales y de las Directivas europeas, endurecer las sanciones penales en la materia, elevndose la edad de prestacin del consentimiento sexual de 13 a 16 aos. La reforma nos ofrece una prevencin sancionadora a este tipo de ciberdelincuencia.

Es debido efectuar un pequeo resumen conceptual del artculo, ms que desde el punto de vista de los requisitos formales de la suspensin de la pena, que se han desarrollado y viene acotados en nuestro Cdigo Penal, mejor desde la exposicin de la necesidad de la existencia de la institucin y, sobre todo, de la amplitud con la que nuestro legislador ha decidido dotar al beneficio de la suspensin y a los jueces a la hora de decidirla. Observemos que ya desde el inicio del redactado del artculo 80 del Cp se contempla la posibilidad de otorgar o no el beneficio cuando sea razonable esperar que la ejecucin de la pena no sea necesaria para evitar la comisin futura por el penado de nuevos delitos.

Si bien la acepcin elegida por el legislador no resulta demasiado afortunada, ya que habla de la ejecucin de la pena como si la nica forma de ejecutarla sea el cumplimiento mediante la prisin, cuando cumplimiento de la pena, y tambin ejecucin, es dicho cumplimiento a travs de la suspensin (no olvidemos que siempre se somete a condiciones, cuanto menos, la de no delinquir en el plazo) a la vez pone de relieve la importancia de la suspensin dentro del propio cumplimiento de las penas de prisin, Y esta no es otra que la alternativa consistente en que el penado no entre en contacto con el centro penitenciario, reconociendo directamente el perjuicio que ello puede comportar cuando ello sea evitable. Estos casos son los previstos en la norma como penas cortas, delincuencia primaria y, ahora, comportamiento debido esperable. Es decir: la suspensin forma parte de la intencin reinsertiva y educativa de la pena como ordena nuestro artculo 25.2 de la Constitucin Espaola.

Hoy en da, para ser un jurista eficiente se requiere estar al da en “Legal Tech”, las tecnologas aplicadas al mbito jurdico. El programa que ahora te presentamos cubre todas las necesidades de formacin de los profesionales en la materia, tanto desde el punto de vista tecnolgico como desde el jurdico.

Me dispongo a abordar alguna de las dudas que plantea el Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, publicado en el BOE el pasado 3 de noviembre, en relacin con los contratos de patrocinio. Estas reflexiones se realizan con el nimo de que las conclusiones alcanzadas puedan servir de utilidad a todo el que se haya visto afectado por la incertidumbre que ha generado este Real Decreto para la supervivencia de los contratos de patrocinio suscritos por operadores de juego, con especial inters en los patrocinios deportivos, al tratarse de un sector que genera cientos de millones de euros en Espaa anualmente.

La pensin est prevista para las mujeres que sufrieron violencia machista. No se puede aplicar analgicamente a estos supuestos.

La empresa no ostenta la condicin de "perjudicado" por el accidente, que solo ostenta la persona que padece el dao.

Cuando en el curso de una inspeccin, se solicita un informe de valoracin al Servicio de Valoracin Inmobiliaria de la Direccin General de Tributos, pasando un largo tiempo hasta que se obtiene esta demora no siempre es computable a los efectos de interrumpir la prescripcin, sino que debe estarse a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto.

La resolucin impugnada carece de toda motivacin expresa que pueda permitir conocer su ratio decidendi, lo que impide llegar a conclusin alguna acerca de la razonabilidad de la decisin de inadmisin, debiendo significarse, adems, que ante el rgano judicial se interes, por va del incidente de nulidad de actuaciones, el planteamiento de una cuestin de inconstitucionalidad respecto del art. 246.3 LEC.

El CGAE ve urgente ofrecer asesoramiento jurdico a productores y consumidores en la materia, cada vez ms presente en nuestras vidas. As se expuso en la sesin formativa 'Objetos conectados y Abogaca', que cont con la coorganizacin de Wolters Kluwer