Sumario

El Diario LA LEY les ofrece hoy la Revista Compliance Penal, dedicada al estudio teórico y práctico del mundo del cumplimiento normativo en su dimensión nacional e internacional.

El cumplimiento normativo en la Ley en materia de maltrato animal

Vicente Magro Servet

Magistrado del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho

La Ley 2/2023 de protección de informantes: una primera valoración crítica

Ramon Ragués i Vallès(1)

Catedrático de Derecho penal

Con la aprobación de la Ley 2/2023 de Protección de Informantes se ha transpuesto al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2019/1937. El nuevo texto legal pretende incrementar la protección frente a posibles represalias de aquellas personas que denuncian conductas irregulares de la organización a la que pertenecen.

Gestión de riesgos en el contexto de la inteligencia artificial

Dunia Florenciano Pallejà (1)

Directora KPMG Forensic, especialista en servicios de experto independiente, consultoría de fraude y compliance

Maria Barcenilla Torres(2)

Directora KPMG Forensic, especialista en analítica de datos

En el presente artículo contextualizamos el reglamento europeo en materia de inteligencia artificial en fase de aprobación, introduciendo sus aspectos fundamentales, así como los pilares básicos de un modelo de control óptimo en cualquier organización que se sirva de sistemas de inteligencia artificial, algoritmos, o entornos de tratamiento y analítica de datos.

El conocimiento del riesgo en la elaboración de checklist delictivos y evitación de ilícitos penales en empresas y organizaciones

Vicente Magro Servet

Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho

Se elabora un estudio acerca de los checklist delictivos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha detectado en empresas y organizaciones a raíz de los casos que los procedimientos penales recogen con mayor frecuencia, para, a partir de ahí, perfeccionar la elaboración de los supuestos de riesgo que deben detectar las organizaciones a la hora de tener en cuenta los riesgos que existen en las empresas de que directivos y empleados lleven a cabo determinadas conductas delictivas, sobre todo en el terreno del fraude interno.

La centralización de la gestión e investigación de denuncias en grupos de empresas, cuestión que surgió de la directiva whistleblower y que no queda resuelta por el legislador español

Sonia Trendafilova

Abogada, Clifford Chance, S.L.P.

La Ley 2/2023, reguladora de la protección a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, al igual que la Directiva Whistleblower, que en grupos de sociedades solamente las empresas con entre 50 y 249 trabajadores pueden compartir recursos a efectos de la recepción de denuncias y toda investigación que deba llevarse a cabo. No obstante, no existe tal excepción para las empresas del grupo que superen los 249 trabajadores.

Retos que debe afrontar el compliance officer

Eleazar Martínez Espejo

Group Compliance Officer en Worldwide Flight Services (WFS)

En el presente artículo se explican los diferentes retos a los que debe hacer frente el compliance officer en el ejercicio de sus funciones, así como en el día a día de su trabajo. Ello pretende hacer una breve descripción, punto por punto, de las principales materias o áreas de trabajo a tener en cuenta, así como de sus posibles soluciones. Una guía práctica de cómo ejercer la función desde una perspectiva pragmática, pero también muy realista.

El levantamiento del velo

Laura Parés i Ravetllat(1)

Abogada Socia de Molins&Parés

Aplicación de la doctrina del levantamiento del velo en distintos aspectos que afectan a la responsabilidad penal en beneficio del encausado.

Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y a cumplimiento normativo en las empresas (2023)

Vicente Magro Servet

Magistrado del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho

Actualización y análisis de sentencias recientes del Tribunal Supremo afectantes a compliance y a responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Novedades penales en 2022-23 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y tratamiento jurisprudencial de la imputabilidad de las empresas «no reales»

Eloy Velasco Núñez

Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

Se analizan las sucesivas reformas del Código Penal que han afectado a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2022-23, especialmente respecto de infracciones «comisibles» por ellas, hasta alcanzar la cifra de 30 categorías de delitos que pueden cometer en la actualidad. Y se analizan las últimas consideraciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo sobre la imputabilidad de las que empieza a considerar como empresas no reales: unipersonales, entidades de pequeña dimensión…, a las que excluye de responsabilidad penal, y sobre lo que el autor vuelca, en algunos casos, tesis críticas para ayudar a su debate interpretativo.

¿Hacia la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones? A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2022

Miquel Fortuny Cendra(1)

Abogado. Socio director de Fortuny Legal

La posible inimputabilidad de personas jurídicas sin complejidad ha sido muy debatida por doctrina y jurisprudencia. Hasta ahora, las resoluciones judiciales que han absuelto a personas jurídicas de pequeñas dimensiones se han centrado en el principio non bis in idem, pero sin negar su imputabilidad. La STS 894/2022, de 11 de noviembre, va un paso más allá, y por primera vez determina la inimputabilidad de una persona jurídica en base a su incapacidad de cometer un defecto de organización, un hecho propio a ella atribuible, debido a su mínima complejidad organizativa.

El principio non bis in idem y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2022, núm. 320/2022, ponente Javier Hernández García

Marie Ruiz Corbera

Máster de acceso a la Abogacía en la Universidad Pompeu Fabra y especialización en Compliance

La sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Penal, Sección 1ª, dictada en fecha 30 de marzo de 2022, resolvió en casación estimando parcialmente al recurso interpuesto por la representación de BIONERCAM S.L contra la sentencia de 14 de diciembre de 2021 de la Audiencia Provincial de Albacete, Sección 2ª. La empresa fue condenada por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificado en el art. 325.2 del Código Penal en relación con los arts. 325.1; 327 y 328 del mismo, a una pena de un año y seis meses de multa con una cuota diaria de 500 euros junto con la suspensión de sus actividades por un plazo de dos años.

Gráficos y cuadros con las sentencias de condena a empresas agrupadas por delito y su sanción

Ana Vela Mouriz

Se puede apreciar en los gráficos que los delitos contra la Hacienda Pública son los que más sentencias acumulan. Pero las multas más cuantiosas son por tráfico de drogas, seguidas de delitos contra la Hacienda y estafas.

Los gráficos se acompañan de los cuadros de los que se han extraído los datos, que recopilan las sentencias en las que las empresas han sido condenadas, agrupadas por delito, así como las sanciones impuestas.

Análisis de las principales modificaciones procesales introducidas por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

Victoria Climent Esteve

Letrada de la Administración de Justicia

En el presente artículo se analiza el requisito del ofrecimiento de alquiler social contenido en el artículo 5.2 de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. A tal efecto, se expone: i) la dramática situación padecida por el acceso a la vivienda de personas vulnerables como consecuencia de la crisis de 2008; ii) la propuesta que formuló el referido artículo a fin de paliar la referida tragedia habitacional y; iii) las diversas visicitudes por las que ha transitado aquél hasta la actualidad. Se concluye con tres reflexiones propositivas y con una addenda que hace mención al el Decreto-ley 37/2020, de 3 noviembre, que modifica la ley 24/2015.

Las pensiones de jubilación extranjeras que se le escapan al sistema público español

Alvaro Javier San Martin Rodriguez

Abogado laboralista Bufete Casadeley

La migración y el trabajo transnacional genera situaciones jurídicamente complejas cuando los trabajadores retirados pretenden equilibrar sus pensiones extranjeras con la normativa española. El documento analiza específicamente una interesante situación ocurrida a un ciudadano español que genero una pensión concedida por una entidad extranjera (Seguridad Social Andorrana), con aplicación exclusiva de su legislación y cotizaciones ingresadas en la misma, sin cómputo de cotizaciones españolas ni aplicación de Convenio bilateral de Seguridad Social, concurrente con una Pensión de Jubilación concedida al amparo del Convenio Hispano-Suizo de Seguridad Social, con el objeto de examinar si estas computan a los efectos de reducir el complemento a mínimos por residencia que opera en el sistema público español.

Cesión de crédito vs cesión de contrato

José María Corral

Abogado Coordinador

Se analiza la STS de 20 de abril de 2023 donde se hace un análisis de los requisitos de notificación y consentimiento en una situación jurídica que cada vez está mas al orden del día que no es otra que la cesión de crédito. El Alto Tribunal fija los requisitos y distinciones ante las diferentes casuísticas, siendo el criterio definitivo el negocio jurídico concreto que se realiza, pues nos encontramos ante dos figuras distintas por un lado la cesión de crédito y por otro la cesión de contrato. Siendo más flexible los requisitos en la cesión de crédito y más severos en la cesión de contratos.

Delito de omisión de socorro: absolución si la víctima fallece inmediatamente después del atropello

Tampoco cabe la tentativa inidónea cuando el fallecimiento es instantáneo como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas, por lo que ya que no se encontraba en situación de desamparo y en peligro manifiesto y grave. No se puede castigar la omisión de una acción esperada cuando, de haberse realizado, en nada habría afectado a la indemnidad del bien jurídico protegido: la vida e integridad física.

No aplicación de la cláusula del seguro que excluía la cobertura del robo cuando la caja fuerte no presentara determinadas características de ubicación o de peso

El derecho a indemnización recogido en las condiciones particulares por el robo de las joyas guardadas en la caja fuerte se restringía por la condición especial que excluía de ser indemnizados los supuestos en que la caja fuerte no presentara determinadas características de ubicación o de peso. Esta condición tiene naturaleza de cláusula limitativa de los derechos del asegurado y no cumplía los requisitos del art. 3 LCS.

Validez del acuerdo comunitario adoptado durante el estado de alarma sin celebración de junta sustituida por un formulario de voto

El sistema de adopción de acuerdos se aplicó en un momento temporal en el que las normas de la LPH sobre reunión en junta de propietarios no eran aplicables por la declaración del estado de alarma. Por ello, no se pueden considerar infringidas normas que no eran aplicables cuando se adoptaron los acuerdos.

Derecho al subsidio de IT hasta el alta médica, aunque en el intervalo se haya solicitado la excedencia voluntaria

Tras la negativa del INSS a prolongar la baja médica, el empleado solo tenía varias opciones mientras impugnaba judicialmente tal resolución, o volver al trabajo estando limitado, o llegar a un acuerdo con su jefe de excedencia con reserva del puesto de trabajo.

El mínimo por descendientes en IRPF por guarda y custodia compartida se aplica por mitad, al margen del tiempo concreto de convivencia con uno u otro progenitor

Cuando los hijos, en virtud de una sentencia de divorcio, conviven de manera alternativa con ambos progenitores, ambos progenitores tienen derecho a la aplicación del mínimo por descendientes y el importe del mínimo se debe prorratear entre ellos por partes iguales; insiste el TEAC en que el prorrateo debe ser por partes iguales porque el artículo 58 se complementa con el artículo 61 de la LIRPF que permite, cuando son varios los contribuyentes con derecho a dicho mínimo prorratearlo, pero de forma contundente impone que sea por partes iguales.

La inteligencia artificial en la gestión pública (Óscar Cortés Abad)

Las normas en materia de IA muestran el desfase entre la implantación de avances tecnológicos y la defensa de los intereses de los ciudadanos. Descubre las claves de proceso y encuentra herramientas para abordar la transformación.