Hoy 31 de mayo, la web del Diario La Ley le ofrece una seleccin del Diario Especial de la Unin Europea, publicado en la revista digital Smarteca. En este nmero destacamos la Tribuna relativa al Dictamen 1/17 del TJUE sobre homologacin del nuevo modelo de solucin de diferencias inversor-Estado, y la Doctrina sobre prestaciones de asistencia social o de seguridad social y la libre circulacin de trabajadores en la Unin Europea.

El Dictamen 1/17 del TJUE declara la compatibilidad con el Derecho de la UE del mecanismo de arreglo de diferencias inversor-Estado (ISDS) previsto en el Acuerdo Econmico y Comercial Global entre la Unin Europea y Canad (CETA) y derriba, de este modo, el ltimo gran obstculo para la ratificacin y entrada en vigor del acuerdo. El TJUE ha apreciado que el mecanismo ISDS del CETA no vulnera la autonoma del Derecho de la Unin, es respetuoso con el principio de igualdad de trato y con la exigencia de efectividad del Derecho de la Unin, y rene las caractersticas propias de un tribunal independiente. Esta es una decisin clave no slo para el CETA, sino para toda la poltica comercial comn futura de la Unin, ya que abre la puerta a la inclusin de estos mecanismos ISDS en los tratados de libre comercio de nueva generacin que est negociando y, por tanto, a una poltica ms ambiciosa, sin necesidad de renunciar a uno de los elementos fundamentales del derecho de las inversion es extranjeras.

Analizamos la doctrina comunitaria vigente sobre la libre circulacin de trabajadores en plena vinculacin con la igualdad de condiciones y el principio de no discriminacin en relacin a las prestaciones de asistencia social o de seguridad social: concretamente, derecho al subsidio para solicitantes de empleo (jobseeker’s allowance). Para ello partimos de que la libre circulacin y movilidad de los trabajadores comunitarios es uno de los elementos claves para el desarrollo de un mercado de trabajo de la Unin ms integrado y competitivo, aumentando as la diversidad y contribuyendo a la inclusin e integracin social de las personas excluidas del mercado laboral. Lo anterior a propsito de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, de fecha 11 de abril de 2019, asunto C-483/17.

Este trabajo analiza la compatibilidad del descanso religioso retribuido con el derecho a la igualdad y no discriminacin religiosa, consagrado en el Derecho comunitario, a travs de un anlisis crtico de la reciente sentencia Cresco Investigations del Tribunal de Justicia de la Unin Europea.

La STJUE de 11 de abril de 2019, asunto Peter Bosworth y Colin Hurley v. Arcadia, considera que un contrato que vincula a una sociedad y a una persona fsica que ejerce las funciones de consejero de la misma no crea un nexo de subordinacin entre ellas y, en consecuencia, no puede tener la calificacin de contrato individual de trabajo. Ello se fundamenta entre otras razones porque esa persona estaba en condiciones de decidir los trminos del contrato y dispona de un poder de control autnomo tanto sobre la gestin corriente de los asuntos de esa sociedad como sobre el ejercicio de sus propias funciones. La buena fundamentacin de la Sentencia no impide reconocer algn hecho llamativo como que ninguna de las partes negaba la existencia de la relacin laboral.

La sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2018 contina su reiterada jurisprudencia sobre la validez y legalidad de las Decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en relacin con un programa de adquisicin de deuda soberana, enmarcado en el contexto de una medida monetaria no convencional de relajacin cuantitativa. Hay cuatro aspectos de la sentencia que son fundamentales. En primer lugar, el TJUE hace un esfuerzo elogiable en la delimitacin del concreto marco competencial y de actuacin del BCE en relacin con la direccin y ejecucin de la poltica monetaria en el Eurosistema. En segundo lugar, el TJUE trata de aproximarse a la creacin de un concepto estable y til en futuros procedimientos de poltica monetaria que permita definir como monetarias o econmicas las medidas llevadas a cabo por el SEBC. Seguidamente, establece los lmites y garantas que los programas de compra de deuda soberana deben cumplir con el fin de no conculcar el princip io de prohibicin de asistencia financiera e introduce un nuevo parmetro de control de las Decisiones adoptadas por el BCE: el control de la proporcionalidad e idoneidad de las medidas. De este modo, la sentencia asienta los principios y condiciones que el SEBC deber cumplir con el objetivo de revestir de validez y legalidad sus futuras actuaciones.

Un acuerdo internacional que contemple la creacin de un rgano jurisdiccional encargado de interpretar sus disposiciones y cuyas decisiones vinculen a la Unin es, en principio, compatible con el Derecho de la Unin. Un acuerdo internacional de esta ndole puede, a juicio del Tribunal, incidir en las competencias de las instituciones de la Unin siempre que, no obstante, se cumplan los requisitos esenciales para preservar la naturaleza de esas competencias y, por lo tanto, no se vulnere la autonoma del ordenamiento jurdico de la Unin, que se basa en un marco constitucional propio. En este marco se incluyen los valores fundacionales de la Unin: el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

El Derecho de la Unin relativo al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupacin, debe interpretarse en el sentido de que constituye una discriminacin directa por motivos de religin una legislacin nacional en virtud de la cual, por una parte, el Viernes Santo solo es da festivo para los trabajadores que son miembros de determinadas Iglesias cristianas y, por otra parte, nicamente esos trabajadores tienen derecho, si deben trabajar durante ese da festivo, a un complemento salarial por el trabajo realizado en esa jornada. Las medidas establecidas por esa legislacin nacional no pueden considerarse ni medidas necesarias para la proteccin de los derechos y libertades de los ciudadanos, ni medidas especficas destinadas a compensar desventajas ocasionadas por motivos de religin.

El programa PSPP del BCE sobre la compra de bonos soberanos en los mercados secundarios no vulnera el Derecho de la Unin, no excede del mandato del BCE y no incumple la prohibicin de la financiacin monetaria.

El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron el 2 de abril de 2019 un acuerdo provisional sobre unas normas en materia de proteccin de los consumidores ms estrictas y mejor aplicadas. Las principales mejoras sern: ms transparencia para los consumidores al comprar por internet, sanciones efectivas y unas normas claras para resolver el problema de la calidad dual de productos en la UE.

Segn un comunicado de 3 de abril de 2019 la Comisin Europea va a abrir un proceso de reflexin sobre el Estado de Derecho en la Unin Europea y posibles vas para futuras acciones. Dicho comunicado hace balance de las herramientas disponibles para supervisar, evaluar y proteger el Estado de Derecho en la Unin. Tambin estudia la experiencia de los ltimos aos para poder entablar un debate europeo ms amplio sobre la manera en que se podra seguir consolidando el Estado de Derecho. Concretamente, la experiencia adquirida sugiere la necesidad de una mejor promocin del Estado de Derecho, una prevencin temprana de los riesgos del Estado de Derecho o de sus vulneraciones, y una respuesta eficaz cuando se planteen estos problemas en la Unin.

El 9 de abril de 2019 se adopt el cuarto informe sobre el estado de la Unin de la Energa. En el se indica la visin de la Comisin de una estrategia de la Unin de la Energa que garantiza una energa accesible, asequible, segura, competitiva y sostenible para todos los europeos.