Hoy 30 de abril, la web del Diario La Ley le ofrece una seleccin del Diario Especial de la Unin Europea, publicado en la revista digital Smarteca. En este nmero destacamos la doctrina relativa a la homegenizacin de las condiciones laborales entre los Estados miembros y la Tribuna sobre la Directiva ECN+ desde la perspectiva de proteccin del consumidor europeo.

La UE es el destino ms atractivo para la inversin extranjera directa en el mundo. Sin embargo, en casos excepcionales, dicha inversin puede representar un riesgo para la seguridad o el orden pblico en los Estados miembros o en toda la Unin. Este podra ser el caso de los inversores extranjeros que desean controlar las empresas europeas cuyas actividades afectan a tecnologas crticas, infraestructura, insumos o informacin sensible. En algunos casos, el riesgo puede verse exacerbado por el hecho de que los inversores son propiedad o estn controlados por el Estado de un tercer pas. La inversin extranjera directa en la UE realizada por empresas de terceros pases se ha vuelto ms comn, adoptando la forma de fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas o nuevos negocios. Ciertas inversiones pueden tener un impacto econmico significativo debido a su tamao mayor que el promedio y su enfoque en los sectores de alta tecnologa. Como una respuesta a la creciente demanda de inver sin extranjera directa, la UE ha adoptado el Reglamento (UE) 2019/452 que permite una mejor cooperacin entre la Comisin y los gobiernos europeos para garantizar seguridad y orden pblico El objetivo es garantizar que la inversin extranjera no suponga una amenaza para la infraestructura crtica ni permita el acceso a informaciones sensibles a tecnologas clave, al tiempo que mantiene a la UE abierta a la inversin.

Este trabajo incide en los aspectos ms relevantes de la Directiva ECN+. Expone los arts. 101 y 102 TFUE como leyes de polica, presenta el mercado interior y la proteccin de los consumidores europeos como objetivos en la aplicacin del Derecho de la competencia. Destaca las garantas que, muy especialmente, se otorgan a las autoridades administrativas de defensa de la competencia en el ejercicio de la aplicacin pblica del Derecho de la competencia. Contrasta todos los argumentos doctrinales con jurisprudencia del TJUE, que se muestra como precedente de la labor que realiza el legislador Sern suficientes estas medidas para que las resoluciones de las autoridades administrativas de defensa de la competencia sean cumplidas y respetadas? Qu papel ocupa el consumidor europeo?

El principio de libertad de circulacin otorga al trabajador el derecho a desplazarse libremente a otro Estado miembro para trabajar o residir en el mismo a efectos laborales. Libertad de circulacin de trabajadores que se encuentra consagrado en el art. 45 TFUE, tambin desarrollado en el art. 7 del Reglamento (UE) n.^o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulacin de los trabajadores dentro de la Unin. Se pone en cuestin la interpretacin y armonizacin de este principio fundamental en plena vinculacin con la discriminacin entre trabajadores y la igualdad de las condiciones laborales requeridas: concretamente analizamos si, en el caso concreto, la normativa sobre el derecho a vacaciones anuales retribuidas de los trabajadores de la empresa que han prestado servicios anteriormente en otras empresas en el territorio de Estados miembros puede vulnerar la normativa europea por discriminacin por razn de nacionali dad, lo anterior a propsito de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, de fecha 13 de marzo de 2019, asunto C-437/17.

El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia sobre la aplicacin del Reglamento 1215/2012 a la reclamacin, formulada por un inversor particular contra la Repblica Helnica, para obtener los pagos derivados de los ttulos de deuda griega adquiridos en su da y afectados por la reestructuracin de dicha deuda como consecuencia de la crisis financiera que afect a Grecia.

La sentencia tiene su origen en una cuestin prejudicial en la que se interrogaba sobre la proyeccin del foro del art. 7.1 del Reglamento sobre la reclamacin del cumplimiento de las condiciones de los trminos de emisin de la deuda pblica griega. Los gobiernos griego e italiano y la Repblica Helnica, sin embargo, alegan que el Reglamento no resulta aplicable al caso. Finalmente, el Tribunal mantiene que un litigio de este tipo no puede ser considerado materia civil y mercantil, por lo que excluye la aplicacin al caso del mencionado Reglamento.

La decisin permite constatar las dificultades que pueden derivarse de admitir que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie directamente sobre cuestiones que no han sido planteadas por los rganos jurisdiccionales nacionales legitimados para ello segn el art. 267 del TFUE, as como de la conveniencia de que en determinados supuestos el Tribunal aporte principios de interpretacin que deban completarse por los rganos jurisdiccionales nacionales al tomar en consideracin tambin los Derechos nacionales que han de aplicarse y las circunstancias del caso concreto.

El presente trabajo analiza los dos ltimos casos resueltos por el Tribunal Supremo espaol en relacin con el reenvo. Ambos ratifican su tradicional doctrina legal. Uno rechazando el reenvo a la ley espaola al valorar como un factor relevante el hecho de que el causante haba hecho una declaracin sealando que su domicilio se encontraba en Inglaterra. El otro rechazando expresamente que la admisin del reenvo pudiera estar condicionada por la voluntad del causante, tal cual defienden algunos autores espaoles.

El autor analiza ambas sentencias, dedicando especial atencin a tres aspectos. En primer lugar, el hecho de que en la pasada prctica espaola no se haya tenido en cuenta el concepto de domicile ingls (en ocasiones, de common law). En segundo lugar, y en contra de la posicin del Tribunal Supremo, el autor defiende que la flexibilidad de la propia doctrina jurisprudencial permitira tener en consideracin la voluntad del causante para, precisamente, rechazar el reenvo. Y, en tercer lugar, la necesidad de tomar conciencia de que Espaa es un Estado plurilegislativo en el que el reenvo a la ley espaola lo es a una de las leyes espaolas y ello puede plantear nuevas dudas sobre la propia aceptacin del reenvo.

Finalmente, el trabajo estudia cmo se trataran estos problemas en aplicacin del Reglamento 650/2012, de sucesiones.

La Sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2019, viene a establecer una nueva delimitacin entre el Reglamento de Insolvencia y el Reglamento Bruselas I bis. La delimitacin se basa en que el mbito al que corresponde una demanda no es el contexto procesal en el que esta se inscribe, sino el fundamento jurdico de la propia demanda, que es lo que va a permitir clarificar si la fuente del derecho o de la obligacin que sirve de base a la demanda son las normas generales del Derecho civil y mercantil o normas especiales.

El Derecho de la Unin debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, para determinar si un trabajador con un total de veinticinco aos de actividad profesional tiene derecho a un incremento de sus vacaciones anuales retribuidas de cinco a seis semanas, prev que los aos de trabajo prestados en el marco de una o varias relaciones laborales anteriores a la que mantiene con su empresa actual solo se computan hasta un mximo de cinco, aunque su nmero real sea superior.

El Derecho de la Unin debe interpretarse en el sentido de que una disposicin nacional que establece que el plazo de prescripcin de la accin de reparacin de los perjuicios resultantes de un siniestro es de tres aos, no puede considerarse constitutiva de una ley de polica, en el sentido de dicho artculo, a menos que el rgano jurisdiccional que conoce del asunto compruebe que dicha disposicin, a la luz de un anlisis detallado de sus trminos, de su estructura general, de sus objetivos y del contexto en que se haya adoptado, reviste tal importancia en el ordenamiento jurdico nacional que justifica apartarse de la ley aplicable, designada.

Un solicitante de asilo puede ser trasladado al Estado miembro en principio responsable de la tramitacin de su solicitud o que le ha concedido ya proteccin subsidiaria salvo que las condiciones de vida que previsiblemente encuentran los beneficiarios de proteccin internacional lo expongan en ese Estado miembro a una situacin de privacin material extrema, contraria a la prohibicin de los tratos inhumanos o degradantes.

El Banco Central Europeo (BCE) hizo el 5 de diciembre de 2018 un Cdigo de Conducta que entr en vigor el 1 de enero de 2019 (DO C 89 de 8 de marzo de 2019) nico aplicable a todos los miembros de los rganos rectores y a los altos cargos del BCE. Este cdigo es la iniciativa ms reciente del BCE para reforzar y mejorar sus polticas de buen gobierno e integridad

La Comisin ha adoptado el 7 de marzo de 2019 nuevas medidas en el marco de los procedimientos de infraccin contra veintisis Estados miembros para garantizar la plena aplicacin de las normas de la Unin relativas al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El Parlamento Europeo respald el 27 de marzo de 2019 las ambiciosas medidas de economa circular propuestas por la Comisin para eliminar la basura marina proveniente de los 10 productos plsticos de un solo uso que se encuentran con mayor frecuencia en las playas europeas, as como los aparejos de pesca abandonados y los plsticos oxo-degradables.

La Comisin Europea ha puesto en marcha el 19 de marzo de 2019 erl programa eLeniency, una nueva herramienta en lnea destinada a facilitar que las empresas y sus representantes legales presenten declaraciones y documentos como parte de los procedimientos de clemencia y transaccin en casos de crtel, as como en los casos de cooperacin no relacionados con crteles.