Los mdicos internos residentes (MIR) se estn movilizando para reclamar unas condiciones de trabajo dignas, toda vez que la crisis del coronavirus ha puesto al descubierto importantes deficiencias estructurales del sistema sanitario que les afectan de lleno, tanto en la prestacin de servicios que realizan como en la formacin de especialistas que reciben (conforme a lo dispuesto, principalmente, en el RD 1146/2006 que regula la relacin laboral de residencia para la formacin de especialistas en Ciencias de la Salud). Concretamente, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana se han iniciado sendas huelgas debido a la falta de entendimiento con las autoridades sanitarias regionales, a la par que en Catalua, Baleares, Murcia y otras zonas del pas se negocian mejoras laborales.

Un autntico clamor social est exigiendo soluciones inmediatas al serio problema de las ocupaciones ilegales; demandando una jurisdiccin penal capaz de conseguir el desalojo de los inmuebles ocupados de forma inmediata a su materializacin. Frente a las reticencias de los poderes pblicos a asumir tal responsabilidad, la actual LECRIM podra servir de base jurdica para ello; con tal de considerar la vivienda usurpada como un efecto del delito susceptible de restitucin conforme a su art. 344, prrafo 3, o en base a una correcta interpretacin de las posibilidades de desalojo policial en situaciones de flagrancia o de adopcin de las llamadas primeras diligencias del art. 13 de la LECRIM.

La incorporacin al ordenamiento espaol del mecanismo de Segunda Oportunidad ha sido, segn opinin mayoritaria, un relativo fracaso. Con ocasin del proceso de transposicin de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre Reestructuracin e Insolvencia, la Secretara General Tcnica del Ministerio de Justicia abri un proceso de consulta pblica, al que concurri la Asociacin de Usuarios de Servicios Financieros (ASUFIN), formulando una serie de 20 propuestas de reforma, que no slo buscaban propiciar la correcta y obligada transposicin de la Directiva, sino ir ms all y apuntar hacia la necesaria reforma en profundidad del mecanismo.

Los casos de mayor relevancia e inters para la prctica vistos en nuestros Tribunales el ao pasado comentados por sus protagonistas, se recopilan en esta coleccin que constituye un empeo colectivo en el que confluye el esfuerzo de los grandes despachos del llamado mundo de los negocios. La presentacin, que este ao ser online, tendr lugar el prximo 15 de septiembre.

Se analiza la evolucin de la jurisprudencia respecto a la operatividad en las distintas fases del proceso penal de la dispensa de la obligacin de declarar contra familiares establecida en el artculo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los procesos por violencia de gnero ocurre con frecuencia que la vctima del delito, tras denunciar y haberse personado en el proceso como acusacin particular, decide luego desistir de esa intencin acusadora. Surge en ese momento la duda relativa a si est vigente la dispensa legal en el acto del juicio oral, pudiendo entonces la vctima acogerse al derecho de no declarar, o si haba perdido definitivamente esa dispensa, al ejercer la acusacin, y entonces est obligada a declarar. El Tribunal Supremo ha resuelto la cuestin en un sentido en 2015, en otro contrario en 2018 y, finalmente, establecido su ltimo criterio en la STS de 10 de julio de 2020.

La histrica creacin de lugares de culto privativos —capillas u oratorios— en propiedad privada cuentan en el Siglo XXI con una serie de requisitos formales y materiales que aseguren la santidad del lugar. El pluralismo religioso ha puesto de manifiesto determinadas exigencias normativas administrativas para la creacin de nuevos lugares de culto para la Iglesia Catlica y el resto de confesiones religiosas con el debido respeto al derecho fundamental a la libertad religiosa.

Los Principios de Poseidn son un marco introducido en 2019 para las transacciones de financiacin de buques. Su objetivo es crear lneas bsicas globales comunes que sean consistentes con objetivos ambiciosos que ofrezcan beneficios significativos para sus signatarios, para la industria martima global y para la sociedad en general reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), divulgando datos relacionados y apoyando otras iniciativas similares. Los miembros se comprometen a implementar dichos principios en sus polticas, procedimientos y estndares internos.

Este artculo analiza la justificacin de estos principios y las consecuencias de su implementacin contractual.

Los artculos 23.1.a) y 23.2, de la Ley Foral de 2018, de residuos y su fiscalidad no vulneran el orden constitucional de competencias por establecer un nivel de proteccin ms alto que el de la normativa bsica estatal sobre su consumo.

Al no haber desvirtuado la presuncin de veracidad de los Agentes de la Autoridad, una presuncin iuris tantum, y tras haber hecho hincapi en cmo la norma sancionadora tipifica como infraccin superar el lmite "captado" por el cinemmetro, no la velocidad "real" del vehculo, el Juzgado desestima el recurso y confirma la resolucin sancionadora de la Jefatura Provincial de Trfico.

Ante la falta de regulacin expresa a tenor de lo establecido en la DF cuarta de la LRJS y artculo 4 LEC, se ha de acudir a la regulacin contenida en esta ltima norma, que, en su artculo 401.2 permite ampliar la demanda antes de la contestacin para acumular nuevas acciones a las ya ejercitadas o para dirigirlas contra nuevos demandados, con anterioridad al juicio.

En esta edicin 2020 y por motivos excepcionales, el Open de Arbitraje se desarrollarntegramente de forma online, con un innovador formato nunca visto hasta la fecha.

Con la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crdito inmobiliario, aparecen en el panorama normativo espaol los prstamos inmobiliarios, una nueva categora contractual dentro de la cual tienen cabida los prstamos hipotecarios que financian la adquisicin de viviendas.

La Sala estima el recurso de un recluso en la prisin de Zuera (Zaragoza) a quien el centro deneg este tipo de comunicacin con el argumento de que la mujer con la que se solicitaba no era pareja sentimental del interno.

Desestima la peticin de los hosteleros de suspenderla de forma cautelarsima y da traslado a la administracin autonmica para formular alegaciones.

Este cambio de criterio figura en una nota emitida por el rea de impugnaciones de la Subdireccin General de Ordenacin e Impugnaciones de la Tesorera General de la Seguridad Social, que ha notificado a los departamentos regionales de impugnacin la orden para que se tramiten todas las solicitudes de la tarifa plana, tanto de personas fsicas como de autnomos societarios.