Abogacía Española

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viernes, 19 de mayo de 2023

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Menos de una semana han tardado las conclusiones aprobadas en el reciente Congreso de la Abogacía en llegar hasta el Congreso de los Diputados transformadas en enmiendas al proyecto de Ley del Derecho de Defensa, que está en plena tramitación parlamentaria. La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, remitió personalmente a los grupos parlamentarios el paquete con las 14 enmiendas para mejorar y completar esta norma.  Las propuestas, elaboradas y votadas por todos los asistentes al Congreso, reclaman, entre otras cosas, un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido y una regulación pormenorizada del secreto profesional, con la inclusión expresa de la abogacía de empresa.

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Opinión

Asignaturas pendientes de la Ley de Bienestar Animal

Por Sol Rebolledo Presidenta de la Comisión de Defensa de Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Sabadell.

La norma se aprobó el 29 de marzo, pero la autora lamenta que dejara fuera reivindicaciones importantes y muchos flecos pendientes de definir.  

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Es noticia

Esta sentencia reconoce por primera vez el derecho de la madre a elegir la técnica con la que quiere dar a luz. Además reprocha a los facultativos una concepción patriarcal, que puede ser calificada de violencia obstétrica. Nos lo cuenta el abogado de la afectada, Javier Navarro.

Un hombre del Puerto de Santa María (Cádiz) lleva esperando casi dos años para impugnar su paternidad tras conocer que el hijo que tenía con su expareja no era suyo. Se iba a celebrar en febrero de 2023, pero se suspendió por la huelga de los letrados de Administración de Justicia, y ha sido señalado para noviembre

Tras el fallecimiento de su ex pareja, con la que había convivido durante 17 años, solicitó el subsidio pero le fue denegado por no haber mantenido convivencia ininterrumpida de al menos cinco años anteriores a la muerte. Ahora el Supremo le ha reconocido ese derecho, argumentando que al ser víctima de violencia de género no era necesario el requisito de convivencia. 

La sentencia condena a la empresa a readmitir al empleado y pagarle 2.201 € por el complemento del subsidio de incapacidad temporal dejado de percibir desde el cese del trabajo, el 14 de julio de 2022, y 7.500 € más como indemnización por el daño moral.

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