Se realiza la interpretación teleológica del artículo 253 del Código Penal, concluyendo que en el precepto se regulan dos figuras delictivas diferentes: el delito de apropiación indebida, en sentido estricto y una figura caracterizada por la defraudación de las expectativas depositadas en la entrega del dinero en confianza, ajenas a la función de su administración, donde el perceptor del dinero tiene muy poco margen de maniobra sobre el mismo, que determina una suerte de «infidelidad patrimonial», en la que el derecho de crédito, como parte del patrimonio del perjudicado, se configura como el bien jurídico protegido y en el que el patrimonio del receptor del dinero y por tanto su capacidad económica para afrontar la devolución del mismo, será una de las claves para construir la tipicidad. Se procede a solicitar un esfuerzo legislativo para ubicar sistemáticamente de manera correcta las distintas conductas. Mantener el delito de apropiación indebida, el delito de administración desleal y crear un supuesto, en un artículo independiente o junto a la administración desleal, que castigue las entregas de dinero que se realizan con unas expectativas sobre el mismo, ajenas a las funciones de su administración, en virtud de determinados contratos que se consideren relevantes para el Derecho penal. Hasta el momento en el que el legislador proceda a la correcta ubicación en el Código Penal del delito de «infidelidad patrimonial», no es discutible la relevancia típica de las entregas de dinero en virtud de los diferentes títulos que la jurisprudencia vaya determinando como idóneos, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 253 del Código Penal.

Análisis de las distintas resoluciones que enjuiciaron un supuesto en el que se presentó oposición a una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que denegó la inscripción de paternidad de una menor porque no correspondía a la realidad biológica. La madre biológica y el reconocedor, casados y en una relación estable, habían dejado claro que el reconocimiento de paternidad era de complacencia. La Dirección General sostuvo que no procedía la inscripción y sugirió que el padre no biológico debería optar por la adopción.

Operar en el mercado del juego online en España requiere cumplir con la estricta regulación, incluyendo la Ley 13/2011 y la Ley 10/2010. Los operadores deben obtener licencias y están sujetos a la supervisión de la DGOJ y SEPBLAC, quienes organizan jornadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y han publicado una sección de preguntas frecuentes para ayudar a los operadores a cumplir con la normativa.

El aumento de la comisión de ciberdelitos ha provocado la lógica rección del legislador (nacional y europeo) a la hora de intentar adaptar la legislación a esta nueva situación.

Para ello, es necesario establecer de manera concreta qué pruebas pueden ser aportadas en un proceso penal que investiga este tipo de hechos delictivos que, por su naturaleza digital, son pruebas electrónicas. Por otra parte, estas pruebas electrónicas —que se regulan con normas legales propias— están constituidas por datos electrónicos —que a su vez se regulan con una normativa propia diferente— y, este trabajo, tiene como objeto averiguar si esta diferencia de normativas legales puede causar fricciones en la labor de conseguir una investigación eficaz en la lucha contra el Cibercrimen.

El conductor se sometió a una primera prueba orientativa.

Con la muerte de la esposa la sociedad de gananciales quedó disuelta y en estado de liquidación, y los bienes gananciales pasaron a formar parte en pro indiviso de la comunidad de bienes postganancial constituida por el cónyuge supérstite y los herederos del premuerto. Al haber vendido el viudo disponiendo de la vivienda en su día ganancial como si fuera propietario único y exclusivo, sin la intervención de todos los integrantes de la comunidad postganancial, la venta está viciada de nulidad radical y, por tanto, no constituye justo título en el que pueda ampararse la compradora para adquirir el dominio en virtud de usucapión ordinaria.

El Juzgado confirma la sanción de empleo y sueldo y exclusión de las listas de espera vigentes por un período de 12 días a un profesor que puso en una esquela el nombre y apellidos de la Jefa de Estudios de su Instituto.

El empresario principal era Renfe que firmó contrato con la empresa para la ejecución de las obras de mejora, y ésta a su vez subcontrató con otras empresas, incumpliéndose las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.

No es posible sustituir la certificación de conformidad del Esquema Nacional de Seguridad de Nivel Medio con otros certificados equivalentes o documentos alternativos, como por ejemplo, mediante certicado ISO 27001.

Pretende actualizar el marco regulatorio español de medicamentos y productos sanitarios a los nuevos avances científicos, además de racionalizar el gasto farmacéutico y el uso racional de medicamentos.

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento técnico de seguridad de infraestructuras e instalaciones de combustibles gaseosos.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.

El Código Deontológico dispone que la comunicación entre letrados está amparada por el secreto profesional lo cual no confronta con el derecho de información de los clientes que en ningún caso pueden exigir que se les dé traslado literal de las comunicaciones mantenidas con el abogado de la contraparte.

Supuesto no incluido en la excepción establecida para la exportación necesaria para su uso personal.

Bajo el lema “Retos y desafíos para los servicios de recursos humanos en entidades locales. Visión y realidad”, Vitoria-Gasteiz reunirá del 14 al 16 de mayo de 2025 a referentes del ámbito público para reflexionar sobre la evolución del papel de los departamentos de RRHH en las entidades locales.

En su intervención, SM el Rey Felipe VI, ha hecho una reivindicación, alta, clara y poderosa del Estado de Derecho, destacando que la defensa del imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza.

El auto se basa en el informe de la Fiscalía que se opone a la admisión de la querella y destaca que los hechos no son constitutivos de delito, en otros casos están prescritos o han sido regularizados. El tribunal considera que en términos jurídicos nada ha cambiado desde el decreto de archivo de la Fiscalía de hace 3 años por los mismos hechos.

La Sala considera que la actuación del denunciado puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, conocido como stalking. Se ha designado instructor por el turno establecido al magistrado Juan Ramón Berdugo.

La Audiencia de Salamanca ha condenado a un constructor de casas modulares a trece meses de prisión por estafar a un cliente con la instalación de una vivienda móvil. El fallo le obliga también a indemnizar al perjudicado con 25.620,76 euros.

El Gobierno da otros diez días de plazo para que las CC.AA actualicen sus datos y establecer así la capacidad de acogida de cada territorio

Piden que vuelva a la "senda de cordura" y no utilice a la Agencia Tributaria "como moneda de cambio ante sus intereses políticos"

El alto tribunal ratifica también la condena como responsable civil subsidiaria de la asociación de fútbol organizadora del torneo por no haber garantizado un entorno seguro. Ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet.