Los redactores del Cdigo Civil espaol disearon un sistema de fuentes propio del Estado liberal de finales del siglo XIX en el que la prevalencia normativa se encontraba atribuida a la norma de rango legal. Cuando el legislador del Cdigo Civil espaol, tras sucesivas vicisitudes codificadoras, concret el sistema de fuentes finalmente fraguado en nuestro decimonnico texto legal codificado, no poda siquiera imaginar el hondo calado de las sucesivas reformulaciones que el mismo estaba llamado a experimentar y, de hecho, ha padecido, especialmente en el ltimo tramo de sus ciento treinta aos de existencia. El sistema de fuentes consagrado por nuestro Cdigo Civil de 1889 ha padecido la repercusin de dos hitos jurdicos relevantes: a saber, la incidencia de la Constitucin espaola de 1978 y la correspondiente a la normativa y jurisprudencia europeas.

Los colegios profesionales se sujetan a las normas de defensa de la competencia cuando realicen una actividad econmica, no cuando ejerzan potestades pblicas. No obstante, el ejercicio de potestades pblicas puede ser ilcito por ser contrario a la libre competencia. Este ser el caso cuando infrinjan la ley, introduzcan discriminaciones no justificadas o impongan restricciones que no sean adecuadas, necesarias y proporcionadas.

En ocasiones, conceptos que parecen novedosos no vienen ms que a recordar lo que la norma ya contempla. El presente trabajo intenta recordar lo que ya establecen el art.25.2 CE y el principio penitenciario de individualizacin cientfica en relacin con el tratamiento especfico y especializado de las mujeres en prisin. A la vez, plantea una apuesta de futuro que procura una mayor intervencin tratamental, en detrimento de la mera diferenciacin de carcter jurdico entre los colectivos afectados.

La clusula que impone ese requisito equivale indirectamente a designar el Estado en el que debe situarse la cuenta de pago, generando efectos comparables a los que resultan de la designacin de un Estado especfico, prohibida por la normativa comunitaria.

Los pagos de renta constituyen un acto propio de reconocimiento fuera del proceso de su condicin de arrendatario. Legitimacin activa de la demandante pese a no figurar en el contrato como arrendadora.

La falta de participacin no obedeci a una libre voluntad de rechazo, manifestndose solo como un sntoma ms del deterioro cognitivo y mental de una persona de 89 aos,

Si ya se viene regularizando en los casos de jornadas parciales, reducciones de jornada, excedencias y horas sindicales, tambin ha de hacerse cuando se disfrutan das sueltos de vacaciones, cuando se coge algn permiso, se descansa en festivos o cuando se hace huelga.

La DGT razona su exclusin del tipo reducido del IVA porque no constituye una actividad que pueda enmarcarse dentro del concepto de proteccin de la infancia y de la juventud a que se refiere el artculo 20, apartado uno, nmero 8 de la LIVA al no estar destinados los cursos a "atender, fundamentalmente, estados de necesidad y otras carencias de determinados colectivos sociales: ancianos, menores y jvenes, minoras tnicas, drogadictos, refugiados y asilados.

El interno haba cometido varios delitos graves, en una situacin de riesgo de autolesionarse y agredir a los dems, pesan sobre l varias rdenes de alejamiento, intent una evasin durante un permiso, no ha pagado la responsabilidad civil que le fue impuesta, siendo alto su pronstico de reincidencia.

Se trata de un proyecto piloto del Consejo Europeo de Innovacin. Recibirn financiacin, gracias a l, una veintena de proyectos espaoles. Las Pymes francesas, las principales beneficiarias.

El Consejo de Ministros ha acordado declarar como "zona afectada gravemente por una emergencia de proteccin civil" a las provincias y comunidades autnomas que han sufrido temporales, inundaciones, incendios forestales y otras catstrofes naturales desde el pasado 1 de abril.

Estima el recurso interpuesto por un empleado despedido cuyo empleador no demostr mediante el registro de horas la jornada parcial, por lo que se presume contrato a tiempo completo.

Bajo la apariencia de oficialidad, varios portales web privados inducen a error a los usuarios, que abonan la gestin muy por encima de las tasas oficiales.

Los hechos ocurrieron en la manifestacin del 8 de marzo de 2018 cuando los acusados hicieron un vdeo que se hizo 'viral'.

Para Jorge Ords, "ha llegado el momento" de poner en marcha "algo ms serio" respecto a la regulacin de los VMP y "definirlos como vehculos" para que "cumplan una serie de normas".

El lmite para la auditora obligatoria en pases como Francia o Italia es ms bajo al requerido en Espaa; dato a tener en consideracin si se tiene en cuenta que la proporcin de pymes en nuestro pas es mayor.