El Derecho de Consumo con raz en el mercado hipotecario ha impuesto en los ltimos aos un elevado ritmo judicial, cambiando enfoques en el Derecho Civil y en el Derecho Procesal. La problemtica de la contratacin con consumidores se ha instalado en nuestro ordenamiento jurdico, contra algunos pronsticos, de forma permanente y amplia. Con la llegada de la crisis del coronavirus muchos interrogantes se acumulan en torno un sector caracterizado por la alta litigiosidad y la inestabilidad jurisprudencial. Qu futuro tiene por delante este mbito judicial?

Vivimos circunstancias excepcionales que exigen una respuesta rpida y eficaz en muchos mbitos y uno de ellos es, sin duda, la Administracin de Justicia. Los Juzgados y Tribunales han continuado desarrollando su labor en las actividades que no han sido suspendidas por el estado de alarma. Este Real Decreto Ley trata de dar una solucin a algunos problemas que se plantearn con la finalizacin de la suspensin de las actuaciones procesales y la situacin creada por el COVID-19. Entiendo que esa solucin es pobre y no afronta el verdadero problema que van a tener que afrontar los rganos judiciales tras varios meses de paralizacin.

El cmputo de los plazos procesales y la ampliacin del plazo para recurrir es una de las medidas establecidas en el RDL 16/2020, que el autor analiza, dando respuesta a diversas cuestiones que suscita su aplicacin, y su especial incidencia en el mbito concursal.

Hemos hablado con un grupo de profesionales jurdicos para conocer su opinin sobre el alcance delReal Decreto ley 16/2020, que establece la realizacin telemtica de los actos procesales, y sobre si ha llegado el momento de que la Justicia de l salto definitivo a su prctica on line.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nmero 2 de Santander ha celebrado la primera vista pblica a travs de internet, tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2020, dejando el asunto visto para sentencia.

A resultas de la pandemia de COVID-19, la jurisdiccin contencioso-administrativa est despachando un considerable nmero de autorizaciones y ratificaciones judiciales de medidas sanitarias urgentes y necesarias para la salud pblica previstas en el art. 8.6-2 de la LJCA. No obstante, la parquedad en la regulacin de esta intervencin judicial y la escasez de jurisprudencia previa, estn generando contradicciones entre los autos dictados en las ltimas semanas. En este trabajo se pretende arrojar luz sobre uno de los aspectos conflictivos identificados: la autorizacin o ratificacin de medidas aprobadas mediante actos generales o plrimos.

En la actual situacin de emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 se estn adoptando diferentes medidas y desarrollando iniciativas que implican el tratamiento de datos personales. Se analizan en este trabajo las bases jurdicas que legitiman los distintos tratamientos de datos que pueden resultar necesarios en la lucha contra la propagacin del virus y los principios que deben regir dichos tratamientos. Finalmente se realiza una breve exposicin sobre las implicaciones de la normativa sobre proteccin de datos en el uso de las aplicaciones mviles como herramienta de lucha contra la pandemia del Covid-19.

La mediacin debe afrontarse no como un sistema alternativo al judicial para la resolucin de controversias, sino como complemento de ste y, por tanto, integrado en la tutela judicial efectiva. El contenido en la Gua para Prctica de la Mediacin Intrajudicial del Consejo del Poder Judicial, versin de 7 de noviembre de 2016, constituye el nervio de este estudio que, con la crisis sanitaria y econmica causada por el COVID-19, puede ser de gran utilidad para superar la saturacin y desbordamiento de asuntos en los tribunales.

La discusin en torno a la responsabilidad penal de las personas fsicas que desarrollan funciones de control y supervisin de riesgos en el mbito de la actividad empresarial ha dado lugar a diversas interpretaciones en relacin a los modelos de prevencin de riesgos penales y a los deberes del compliance officer. En el presente artculo se hace una interpretacin de los arts. 31 bis 2 y 5 CP en relacin a los deberes societarios con la finalidad de determinar el alcance y los lmites de la posicin de garante de la persona jurdica, de los administradores y de quienes ejercen funciones de compliance penal.

El TSJ se basa en el especial arraigo familiar que existe entre el extranjero condenado por maltrato a su mujer y su hijo menor de edad, con el que mantiene una estrecha relacin, para anular su expulsin de Espaa, de cara a proteger el superior inters del menor de obtener un desarrollo integral de su personalidad pues, teniendo en cuenta las necesidades especiales de las que precisa, exige una prestacin asistencial, anmica y de relacin afectiva no slo con su madre, sino tambin con su padre.

No se ha determinado una correspondencia unidireccional entre los sntomas y los hechos denunciados cuando ya existan otros factores concausales que influyeron en la sintomatologa, como es una personalidad de base, dificultades familiares previas, problemas de salud fsica, desempleo de larga duracin, influencia y dependencia econmica materna, e influyeron en la sintomatologa.

Que el testimonio fuera a instancia de la empresa no desvirta la fuerza de conviccin de tal indicio, pues lo relevante no es quien propuso la prueba testifical, sino cul fue su contenido y el resultado final del juicio, que no fue favorable a la empleadora.

Se amplia el plazo para que las asociaciones de utilidad pblica de mbito estatal dispongan del tiempo necesario para aprobar con todas las garantas las cuentas anuales y la memoria de actividades y presentarlas ante el Registro Nacional de Asociaciones

Elaboracin de los aspectos claves a tener en cuenta, recomendaciones especficas de implantacin e identificacin de mejores prcticas en aspectos muy concretos y operativos para la empresa digitalizada o en proceso de digitalizacin.

Las empresas podrn beneficiarse de una exencin de cuotas de entre el 45% y el 85% por la vuelta a la actividad.

El presidente de la Asociacin Profesional Inspectores Mdicos de la Seguridad Social (APROMESS), Jos Manuel Vicente Pardo, pide que se consideren la infeccin por Covid-19, contrada por el personal sanitario a consecuencia del trabajo en la asistencia sanitaria, como enfermedad profesional, y por tanto la Seguridad Social aborde medidas "extraordinarias" para el cambio de la contingencia como procede en derecho.

La Asociacin de Representantes Tcnicos del Espctaculo (A.R.T.E.) han publicado una carta abierta dirigida a los Ayuntamientos espaoles en la que reclaman que "en la medida de lo posible" no se cancele la programacin de los espectculos pblicos y fiestas populares "para los que an falten semanas y meses".