La reaccin de la Administracin de Justicia espaola frente al coronavirus SARS-CoV-2 no puede venir dada exclusivamente por una mayor aportacin de medios materiales y personales. Lejos de cualquier pretendido cortoplacismo, el debate sobre la organizacin y especializacin judicial emerge imprescindible para, con la superacin del modelo tradicional de 1988, construir definitivamente un servicio pblico de justicia que responda a las exigencias de agilidad, eficacia y certeza que legtimamente reclama la ciudadana de 2021.

El presente estudio versa sobre la implantacin de la justicia telemtica en el mbito de la administracin de justicia espaola, que se ha intensificado como consecuencia de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. De modo particularizado se analiza la puesta en marcha de los juicios virtuales, as como los problemas prcticos que est suscitando. Por ltimo, se hace una evaluacin de la actual e-justicia en relacin al cumplimiento de los principios que garantizan la tutela judicial efectiva.

El presente trabajo pone de relieve las distorsiones que la nueva regulacin de la proteccin de adultos produce en el mbito del Derecho Internacional Privado e interregional. Lejos de dotar a nuestra legislacin de un sistema avanzado de proteccin, se introducen problemas, algunos de los cuales ya estaban resueltos. Al respecto, se propone una mejora del proyecto de ley de discapacidad, en lnea con las soluciones acogidas en el Convenio de la Haya de 2000.

A lo largo de la historia reciente, el legislador espaol ha aprobado una serie de beneficios fiscales vinculados a la adquisicin de viviendas de proteccin oficial en su preocupacin por satisfacer las necesidades de vivienda de la poblacin. Particular relevancia tienen los beneficios fiscales en la tributacin indirecta aplicable a todo el proceso productivo de las viviendas de proteccin oficial y a sus equivalentes autonmicos. Adems de realizar un breve desarrollo histrico de los beneficios fiscales aplicables en Espaa en relacin con este tipo de viviendas, el presente trabajo analiza la situacin actual en el Impuesto sobre el Valor Aadido y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, haciendo especial hincapi en el carcter objetivo de las exenciones aplicables en este ltimo impuesto.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2020 (Seccin 5, recurso casacin 7337/2019, ponente D. Octavio Juan Herrero Pina), declara que el cmputo del plazo de prescripcin de la sancin en los trminos establecidos en el art. 30.3, prrafo tercero [de la Ley 40/2015, de 1 de octubre], para el recurso de alzada, es aplicable al supuesto de desestimacin presunta del recurso de reposicin.

No consta que la deudora solicitara la suspensin de la ejecucin mientras se resolvan sus alegaciones, por lo que concurran los requisitos de la compensacin.

La extincin deber producirse en los trminos fijados legalmente para los contratos celebrados con personas fsicas, dado que la comunidad de bienes carece de personalidad jurdica y se confunde con los elementos personales individuales que la conforman.

La aplicacin del rgimen especial indicado respecto de determinados contratos de arrendamiento financiero cuyo objeto es la cesin del uso de bienes inmuebles destinados al alquiler, no debe condicionarse a la realizacin por el sujeto pasivo de una actividad econmica, sino -simplemente- a que los bienes queden afectos a las explotaciones previstas en la disposicin adicional sptima de la Ley sobre disciplina e intervencin de las entidades de crdito.

La ejecucin slo puede terminar con la satisfaccin completa al acreedor. En la jurisdiccin penal no es aplicable el plazo de caducidad civil, ni tampoco es necesaria la presentacin de demanda ejecutiva. No es posible el reconocimiento de un nuevo plazo prescriptivo a partir de la firmeza de la sentencia, porque el cumplimiento de la obligacin declarada en la sentencia no depende de la actuacin de parte, sino que se encomienda al rgano judicial.

Considera que negar el derecho a despedir por causas econmicas motivadas por el Covid vulnera la libertad de empresa, uno de los pilares fundamentales de la Unin Europea.

Se trata de una ayuda pblica que deber integrarse en la base imponible general del IRPF, al no tratarse de una ganancia patrimonial generada por la transmisin de elementos patrimoniales.

Dicha limitacin puede estar justificada, en particular, cuando el pago en efectivo pueda generar un coste irrazonable para la Administracin debido al elevado nmero de contribuyentes.

La prctica de un empresario consistente en abonar un complemento salarial nicamente a los trabajadores discapacitados que hayan presentado un certificado de discapacidad despus de una fecha que l mismo haya elegido puede constituir una discriminacin directa o indirecta por motivos de discapacidad.

La Sala reconoce el estatuto de refugiado a cuatro ciudadanos sirios que fueron acogidos en Espaa en 2015.

El 90% de los 700.000 trabajadores que han perdido su empleo durante la crisis sanitaria tiene un bajo nivel de formacin, mientras que el 95% estaba empleado en una ocupacin bsica, segn un informe de Asempleo publicado este lunes, en el que se destaca que la crisis "se ha cebado especialmente" en este tipo de trabajadores.

El Ministerio de Consumo y las comunidades autnomas han acordado un criterio nico para considerar injustificado que una entidad bancaria modifique las condiciones de un contrato de forma unilateral con el fin de cobrar comisiones si la oferta comercial inclua las expresiones "sin gastos" o "cero comisiones", segn ha informado el Ministerio.