Las Leyes 18/2011, de 5 de julio, y 42/2015, de 5 de octubre, significaron dos hitos fundamentales en la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y, muy particularmente, de los actos de comunicación que sirven de conexión entre los Juzgados y Tribunales y profesionales y particulares. No obstante lo anterior, la Sentencia n.^o 47/2019, de 8 de abril, del Tribunal Constitucional, interpretó la cuestión de los actos telemáticos señalando la obligatoriedad de que el primer acto comunicativo se realice en formato «papel». Asunto de gran trascendencia práctica, urge preguntase cómo resuelve el interrogante el Anteproyecto de ley de Eficiencia Digital y cuál es el futuro de los actos de comunicación telemáticos en un proceso que aspira a tener una raíz tecnológica.

El magistrado Alfonso Muñoz Paredes, director de la Tribuna "Cuestiones de Práctica Concursal" de Diario La Ley y de la revista LA LEY Insolvencia, realiza un análisis de la calificación subsiguiente al incumplimiento del convenio, desde la redacción inicial de la Ley Concursal de 2003, hasta su evolución interpretativa por el Tribunal Supremo (en 2016), con muestra de varias resoluciones de su propio juzgado; hasta llegar a la situación actual en el TRLConc y, sobre todo, las perspectivas que se afrontan con la reforma concursal en ciernes.

Recientemente, se ha dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Sentencia n.^o 120/2022, de 10 de febrero de 2022, en relación a un delito de conducción sin permiso o licencia del artículo 384.2 del Código Penal. La Sentencia, que es de Pleno, inaugura una línea restrictiva en la posibilidad de comisión de delitos contra la seguridad vial, a bordo de VMP y realiza una atrevida propuesta a nuestro legislador: la nueva realidad social que nos muestra la multitud de aparatos de las características de los VMP, debería llevar a una clasificación administrativa más clara.

Este artículo ofrece un decálogo de la normativa vigente de protección del consumidor en la UE partiendo de dos documentos con forma de Comunicaciones de la Comisión Europea publicados en el DOUE de 29 de diciembre de 2021: las Directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores (DDC) y la Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores (CPCD). Anticipamos de esta manera un resumen del Estudio extenso que publicaremos en el próximo número de LA LEY UE sobre «La "codificación" de la normativa de protección del consumidor en la Unión Europea».

El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal 2020 exige que el procedimiento de investigación que se dirija frente a una determinada persona no podrá durar más allá del tiempo estrictamente necesario para adoptar una decisión fundada acerca de que pueda ejercitarse, o no, la acción penal. No obstante, establece aparentemente el plazo máximo de la instrucción en doce meses, o en dieciocho cuando se trate de investigaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional o de las Fiscalías Especiales. Transcurrido dicho plazo, sin que haya concluido la investigación, dirigida por el Ministerio Fiscal, la defensa del investigado podría solicitar al Juez de Garantías la fijación de un plazo para la conclusión de la investigación. De esta forma, y para el caso de que la defensa considere que la investigación se está prolongando más de lo debido, el ALECrim establece la tramitación de un incidente, ex artículo 575, a fin de que, previa solicitud de la dirección jurídica del investigado, se convoque a la partes y al Ministerio Fiscal a una vista ante el Juez de Garantías para tratar la demora en la investigación.

Aplicación del plazo prescriptivo de cinco años del art. 1966.3.º CC y no el general de quince años del art. 1964 CC en su redacción original. Exclusión de la deuda de las cuotas prescritas según el contenido de lo certificado por la administradora de la comunidad. Determinación de las cantidades devengadas en el período de cinco años anterior a la presentación de la demanda.

Dado que la posesión de la nacionalidad del Estado de que se trate contribuye a garantizar la existencia de un vínculo real con dicho Estado, no resulta manifiestamente inadecuado exigir en ese caso un período mínimo de residencia habitual en el territorio nacional de seis meses en lugar de un año.

Solidaridad entre la entidad titular del contrato de tarjeta y el titular de la tarjeta, firmante del contrato. Inexistencia de daños y perjuicios para el titular de la tarjeta.

Tras un repaso por el principio non bis in idem, y tras comprobar los hechos sancionados y por los que se recurre, el Juzgado termina admitiendo la existencia de una vulneración del citado principio, al haber sancionado la Jefatura de Tráfico de Madrid dos veces con multa, en el mismo día y lugar, por circular con los neumáticos desgastados, tanto la rueda delantera derecha como la rueda delantera izquierda.

El contrato de interinidad se concertó para sustituir a un trabajador en IT que, después fue declarado en incapacidad permanente total. La interpretación del fraude no puede ser tan rigorista como para apreciar que en ese único día el contrato de interinidad se ha convertido en indefinido.

El acto incluyó una interesante conferencia de Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Nacional y autor de "Judicial-Tech, el proceso digital y la transformación tecnológica de la justicia" (Wolters Kluwer 2020), (única) obra que aparece citada en el resumen ejecutivo del Plan que se presentaba.

Realiza un minucioso análisis de la incidencia de la reforma llevada a cabo por la Ley 8/2021 en todo el ordenamiento (persona, contratos, responsabilidad civil, familia y sucesiones), con un enfoque práctico donde se aborda cómo gestionar este tipo de situaciones conforme a la actual legislación.

La Ley 3/2022, de 24 de febrero, dispone que las universidades desarrollarán en sus Normas de Convivencia medios alternativos de solución de los conflictos basados en los principios de voluntariedad, confidencialidad, equidad, imparcialidad, buena fe y respeto mutuo, prevención y prohibición de represalias, flexibilidad, claridad y transparencia.

La Ley 2/2022, de 24 de febrero, aprueba una ampliación de crédito de 638 millones de euros para ejecutar la sentencia que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por el cierre de la plataforma. El texto también establece algunas medidas de índole tributaria, como la reducción de la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital.

La obligación de realizar pagos fraccionados solo es exigible en caso de ejercer la actividad económica en el momento del abono de los ingresos; si su percepción es posterior, no es necesaria  una nueva alta en el censo de empresarios ni tampoco cumplir con los deberes formales exigidos en tal sentido por IRPF.

Pocos procedimientos seguidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) han generado tanta expectación como el concerniente a la regulación española de la obligación de declarar los bienes sitos en el extranjero, comúnmente conocida en el argot profesional como «720».

Pues, bien, a estas alturas, ya es vox populi que el pasado 27 de enero de 2022, el TJUE publicó su tan esperada sentencia, desvelando aquello que, para todos, salvo al parecer para el legislador español, era un «secreto a voces»: que ciertos términos de aquella regulación vulneran, por mucho, ciertas libertades reconocidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Finalista del XVII premio Fernando Lara, Mejor No Contarlo gira en torno a tres personajes: la juez a la que ETA coloca en la diana, el pistolero que la elige como objetivo y el infiltrado que pasa información sobre las intenciones de los terroristas. Tres protagonistas para una novela en la que la ficción resulta creíble y lo más inverosímil ocurrió en realidad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los Estados miembros pueden imponer sanciones a los negocios que vendan tabaco a menores de edad, como multas económicas o la suspensión de su licencia durante quince días.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto que el consumidor no pague las costas en los casos relacionados con una cláusula IRPH si el usuario ha desistido en su recurso tras conocerse los autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de noviembre de 2021.

Los salarios de los abogados aumentaron ligeramente en todas las categorías a nivel sectorial en 2021, frente a la caída observada en 2020, según la XVII edición del Análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados en España, elaborado por Signium en colaboración con IE Law School.

La mayoría de ayuntamientos de municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes no dispone de todas las herramientas exigidas por la normativa sobre la implantación total de la administración electrónica y la transformación digital, según se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas.