La libertad de expresión puede verse amenazada en nuestro país debido a la instrumentalización que algunos grupos sociales realizan de los juzgados, pretendiendo que los contenidos que atacan sus sesgos ideológicos sean eliminados y los autores castigados. Por eso, es necesario redefinir el alcance este derecho para adecuarlo a un mundo donde la tecnología y las redes sociales han cambiado el escenario. Esta fue una de las conclusiones del VIII Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, donde además se habló de que las noticias falsas no son delito por sí mismas, aunque sí pueden causarlo, y de que los derechos fundamentales están bajo constante amenaza por nuestra hiperconectividad y el tratamiento masivo de datos que proporcionamos de forma voluntaria. Esa instrumentalización de los juzgados la analiza en este artículo Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, que muestra su preocupación y pide una interpretación cuidadosa de la ley para evitar erosionar la democracia. |
