La limitación y progresiva reducción de las agotadoras jornadas de trabajo es una reivindicación a nivel internacional de la clase trabajadora. En España, la duración máxima de la jornada laboral se ha modificado en contadas ocasiones. En principio, las personas trabajadoras debían trabajar tanto tiempo como fuera necesario y no es hasta 1919 cuando, con carácter general, se establece la jornada laboral de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, que se mantuvo hasta 1931. En la II República, la jornada laboral se fijó en ocho horas sin que pudiera exceder de nueve, salvo que se estableciera otro régimen más favorable. Durante la dictadura franquista las disposiciones sobre la jornada eran redactadas por quien ostentaba la jefatura de la empresa, se publicaban en los reglamentos de régimen interior y eran supervisadas por la Dirección General de Trabajo, sin participación de los trabajadores. En 1976, se estableció que la semana ordinaria de trabajo sería de cuarenta y cuatro horas con un descanso entre la terminación de una jornada diaria y el comienzo de la siguiente de, al menos, doce horas. La entrada en vigor del ET de 1980 supuso la reducción de la jornada a cuarenta y tres horas semanales en jornada partida o cuarenta y dos en jornada continuada. Y, por último, la Ley 4/1983 determinó que la jornada máxima legal era de cuarenta horas. Así hasta la actualidad.

En el presente trabajo se analizan algunos aspectos de las nuevas Secciones de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia, tanto relativos a su ubicación en la Planta Judicial, y concretamente, entre los órganos del orden penal, como de sus competencias, contrastándolas con las que se atribuyen a las Secciones de Violencia sobre la Mujer y a las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia.

Desde que naciera, allá por 1984, la figura de la jubilación parcial anticipada, ésta ha sido objeto de diversas reformas legislativas, las cuales han ido dificultándola o haciéndola más costosa para las empresas, pues la misma supone un lastre para el sistema de pensiones de la Seguridad Social. La última modificación traída por el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, quizás ya la haya herido de muerte.

Se han escrito ríos de tinta acerca de la inteligencia artificial, de sus enormes ventajas pero también de sus peligros si es que no se regula y aplica adecuadamente.

Antiqua et Nova es el documento sobre la inteligencia artificial, aprobado el 14 de enero de 2025, por el papa Francisco y elaborado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, en el que se analizan los retos económicos, educativos, laborales, sanitarios, sociales, bélicos y éticos que conlleva la IA, alertándonos del riesgo de que el ser humano se convierta en esclavo de su propia obra y comprometa su futuro y, lo que parece más grave, su propia esencia humana basada en el razonamiento, no tanto lógico y racional como sentimental, generando contenidos manipulados e información falsa que pueda vulnerar nuestra privacidad.

Seguidamente, destacaré aquellos aspectos recogidos expresamente en el documento objeto de análisis referidos a la adecuada aplicación de la Inteligencia Artificial.

El legislador ha decidido que la mejor manera de proteger el interés superior del menor nacido de una gestación por sustitución es atribuyendo la condición de madre a la mujer que da a luz al menor.

Al adoptar la decisión el ayuntamiento no era conocedor de la pendencia de la impugnación judicial por parte de la interesada de la resolución administrativa por la que se ordenaba la clausura.

El recurrente adoptó una decisión, sabedor de su injusticia, que desconoció las reglas competenciales y procedimentales más elementales que regulaban la potestad administrativa de policía del municipio.

Los datos estadísticos que llevan al órgano jurisdiccional a formular la cuestión prejudicial no permiten acreditar que un grupo de empleados especialmente perjudicados esté mayoritariamente compuesto por mujeres que se han acogido a una reducción de jornada.

El TEAC unifica su doctrina para los periodos en los que el que se adquirió una vivienda sin posibilidad de acogerse a la deducción por inversión en vivienda habitual.

La adjudicataria añadió en fase de subsanación doce perfiles nuevos a los originariamente presentados en el equipo base de trabajo, lo que implica una modificación de la oferta aprovechando el trámite de la subsanación de la solvencia adicional.

Corresponde al Organismo probar, para liberarse de su obligación de indemnización, que el perjudicado sabía que el vehículo era robado. El Derecho comunitario se opone a una jurisprudencia nacional que interpreta la normativa nacional en el sentido de que corresponde a esa persona, para obtener la reparación de su perjuicio, probar que no tenía conocimiento de que el vehículo había sido robado.

Impulsar el aprendizaje continuo y estar al tanto de los avances tecnológicos y de las tendencias del sector son claves para que tu despacho no se quede obsoleto.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Industrialización de la Vivienda, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Ministerio de Industria y Turismo.

El Consejo de Ministros ha aprobado una contribución voluntaria de 3 millones de euros a la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes (UNODET) de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo apoyar la cooperación global en gobernanza de la inteligencia artificial (IA).

La abogacía de Familia alerta al Ministerio de los “riesgos” a los que se está exponiendo a los niños y adolescentes por exigir un MASC antes de interponer una demanda judicial para fijar la pensión de alimentos, el régimen de custodia y visitas o el uso del domicilio familiar.

Con esta ley se busca solucionar un conflicto enquistado desde hace años que afecta a las pensiones de profesiones colegiadas como la abogacía o la arquitectura, las cuales se han visto abocadas a "situaciones de desprotección" con pensiones muy bajas.

La AEAT insiste en que no solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta, ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de dato.

Hacienda defiende que en la última década se ha inspeccionado solo al 0,5% de los 37.000 contribuyentes que han optado por este régimen.

A propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Los magistrados le reconocen con derecho a una indemnización de 15.252,46 euros

Análisis jurídico de la protección del trabajador enfermo tras la Ley 15/2022, abordando la discriminación, estabilidad en el empleo y despido, con una visión integral del derecho al trabajo.