La regulación de los «medios adecuados de solución de conflictos» (MASC) en la Ley Orgánica 1/2025 propone un cambio de modelo que potencia la denominada «cultura del acuerdo» en la solución de conflictos entre partes. El autor reflexiona críticamente sobre este nuevo paradigma, que nos presenta como novedoso algo posible desde los orígenes de nuestra cultura jurídica, de acuerdo a la experiencia de instituciones semejantes ya existentes, y plantea algunas incertidumbres derivadas del nuevo modelo.

Se analizan y destacan los criterios marcados por la jurisprudencia en torno a la declaración de la víctima en el proceso penal, realizando un análisis sumamente detallado de estos criterios para establecer los matices que se deben tener en cuenta en torno a la valoración de la declaración de la víctima, tanto en el análisis con la inmediación de la práctica de la prueba como en la revisión posterior ante el recurso que se interponga.

Se analiza el marco jurídico que resulta de aplicación al trámite de consulta pública previa a la elaboración del proyectos o anteproyectos de reglamentos introducido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los supuestos que posibilitan su exclusión, en tanto bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, conforme a la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional y el examen de la doctrina jurisprudencial establecida en la interpretación del mismo por parte del Tribunal Supremo, con especial referencia a la regulación contenida en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y a la modificación operada en la misma, por la reciente Ley Orgánica 1/2025, medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, al establecer el carácter alternativo de los supuestos que pudieran justificar la exclusión de aquel trámite.

La retribución variable, comúnmente conocida como bonus, es un incentivo ligado al cumplimiento de objetivos. Sin embargo, no siempre es fácil determinar en qué condiciones se adquiere el derecho a su cobro. ¿Es obligatorio que el trabajador siga en la empresa cuando llega el momento de devengarlo? ¿Qué ocurre si ha causado baja voluntaria o ha sido despedido?

Faltan filtros y medidas para detectar los fraudes en las solicitudes de concurso de acreedores sin masa. Así lo destacaron en la jornada sobre «La exoneración del pasivo insatisfecho: la finalidad legítima de la norma frente a casos de abuso», patrocinada por ASNEF con la colaboración de Aranzadi LA LEY.

Este artículo ofrece un examen sintético de la Sentencia de 27 de febrero de 2025 de la Sala Primera del TJUE que trata de un supuesto en el que la evaluación crediticia errónea de la solvencia financiera de un consumidor, realizada de forma automatizada por una empresa de rating, le impidió celebrar un contrato de telefonía móvil con una empresa de telefonía. Después de analizar las dos declaraciones del TJUE, incorporamos una brevísima reflexión final sobre la protección del consumidor ante la eventual utilización abusiva de la inteligencia artificial. De esta forma, anticipamos parte del artículo que se publicará en el próximo número de LA LEY MERCANTIL.

La legitimación de los concejales no puede quedar circunscrita a quienen se hubieran posicionado en contra de la voluntad del colegiado, de tal modo que, pueden impugnar la actividad -o inactividad- de la Corporación Local a la que pertenecen cuando ésta incida en la administración de caudales o efectos públicos y sea susceptible de causar daños y perjuicios a la propia Entidad.

Al haber actuado el transitario en nombre propio al contratar con el porteador, aunque lo fuera por cuenta del cargador, asume la posición de éste y, en consecuencia, las obligaciones propias del contrato de transporte, entre las que se hallan los gastos y daños ocasionados al porteador por la falta de recepción de las mercancías por el destinatario.

Si se han seguido contra él actuaciones judiciales o policiales la Administración sancionadora ha de acreditar el resultado de las mismas.

La trabajadora dedicada gran parte de su jornada a navegar por sus redes sociales, si no que con el uso particular se pone en riesgo la seguridad informática de la empresa al exponer sus medios digitales y su red a riesgos innecesarios.

No resultan suficientes las referencias genéricas a la normativa de protección de datos, omitiendo las obligaciones que la LCSP impone al encargado del tratamiento de datos - la concesionaria- y al responsable de su tratamiento – el Ayuntamiento.

Las tablas son imágenes cuyo tamaño se ha reducido para cumplir el número máximo de 60 páginas permitido.

En el informe al recurso el órgano de contratación justifica la reducción del umbral de solvencia técnica o profesional frente a la anterior licitación, en el hecho de que esta quedó desierta. La falta en el expediente no impide la finalidad del acto ni provocando indefensión.

La Administración Cántabra establece el deber general de simplificación, lo que conlleva la reducción de trámites y cargas, la reducción de los plazos de resolución y la eliminación de la exigencia de aportación de documentación.

Medidas fiscales urgentes y nuevos beneficios en materia tributaria, centrados principalmente en colectivos vulnerables y jóvenes de Extremadura

Se introduce una serie de ajustes en la organización y funciones de la Inspección tributaria con la finalidad de adaptarla a los últimos cambios normativos acontecidos desde enero de 2021, fecha de la última actualización de la Resolución de 1992, creándose una Unidad Central de Selección y de Grupos y se elevan las cuantías referidas a los obligados tributarios que desarrollan actividades económicas sobre los que pueden desarrollar sus actuaciones los Equipos de Inspección integrados por Técnicos de Hacienda y por las Unidades de Inspección, así como para la firma de las actas por dichas Unidades.

No obstante, este control no tiene que revestir necesariamente la forma de un recurso directo, siempre que al llevarlo a cabo se compruebe que se hayan respetado los derechos y libertades del interesado.

El contenido de valor, una gestión ética en los envíos y la manera como se presentan los asuntos de los correos electrónicos son decisivos.

Para excluir ingresos de la reducción del art. 32.1 y Disp. Trans. 25ª de la LIRPF, Hacienda debe examinar el caso concreto y no basarse en características generales de la profesión de abogado.

Desde el 2 de abril de 2025, los españoles no residentes que viajen al Reino Unido necesitan una autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorisation - ETA).

Entre las novedades que ofrece la guía, se encuentra la 'Brújula de Financiación', una herramienta interactiva que permite identificar el instrumento financiero más adecuado según las necesidades de cada empresa.

Insta al Ministerio de Consumo a transponer la nueva Directiva 2023/2225 sobre los contratos de crédito al consumo.

En concreto, la diferencia salarial entre ambos géneros se sitúa en el 12,9%, ya que la retribución media de un directivo es de 95.541 euros brutos anuales, mientras que las directivas alcanzan los 84.647 euros.

El Tribunal de Cuentas de la UE ha criticado este lunes que la información sobre la financiación de la UE concedida a las ONG es "opaca, inexacta e incompleta" y ha reprochado a la Comisión Europea que no existan controles activos para garantizar que las ONG financiadas respeten los valores de la UE, lo que expone al bloque a un riesgo para su reputación.

Avanza que, si la consulta al TJUE prospera, el TC acudirá al "diálogo entre tribunales" para ver si hay "conflicto constitucional"