La lgica algortmica como instrumento de toma de decisiones irradia sus efectos en mltiples campos del actuar humano y, como no poda ser de otro modo, tambin en el laboral. Los algoritmos se estn convirtiendo en un atributo empresarial ms que interviene en sus procesos de decisin empresarial alcanzando, desde la seleccin de trabajadores, hasta las mltiples formas de ejercicio del poder de direccin y control. Pero tambin proyectan su campo de actuacin sobre el mbito de las relaciones colectivas y en el terreno de la intervencin administrativa.

La perspectiva de gnero en la inteligencia artificial est empezando a estudiarse de forma seria, si bien se est haciendo en su mayora desde, por un lado, sectores especficos como el mdico-sanitario y, por otro, desde los principios ticos que deben inspirar el diseo, entrenamiento y aplicacin de la inteligencia artificial. La interseccin entre el gnero, la inteligencia artificial y el Derecho y, en particular, el Derecho privado, todava est en ciernes. Una futura regulacin de la inteligencia artificial debe tener muy presente la perspectiva de gnero. Con este trabajo pretendo contribuir a abrir ese debate.

El artculo 9 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la proteccin de datos de las personas fsicas y a la libre circulacin de estos datos prohbe, como regla general, el tratamiento de los datos biomtricos que permitan o confirmen la identificacin nica de una persona. Sin embargo, muchas empresas tratan datos biomtricos (como las huellas dactilares, el iris de los ojos o el reconocimiento facial) para controlar el registro diario de la jornada de sus trabajadores y cumplir con las exigencias del Real Decreto Ley 8/2019 y el artculo 34.9 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Es legtimo este tratamiento? Se puede realizar en todos los casos sin vulnerar la normativa sobre proteccin de datos y los derechos de los trabajadores? Las empresas deberan establecer algn tipo de salvaguardas o garantas?

A todas estas preguntas se tratar de dar respuesta en el presente Artculo.

Que el mundo digital y el fsico son inseparables es ya una realidady, tanto en internet, como en todo el entorno digital, es donde derechos y libertades estn afrontando sus mayores retos. En este contexto, el poder pblico est impulsando, precisamente en estos das, la Carta de derechos digitales, con el objetivo de hacer valer en lnea, los mismos derechos que nos asisten a todos fuera del entorno digital.

La mejora del servicio de la justicia es un proceso amplio en su conjunto, pero en el que se podra avanzar con pequeos pasos como los que se presentan en este artculo: la puesta a disposicin de los profesionales de una carpeta digital que les permitiese la mejor gestin de su actividad profesional o la identificacin y anlisis de un dato que evidencie aspectos mejorables del sistema, como son los defectos formales en la presentacin de los recursos contencioso-administrativos.

La finalidad de dar un mejor servicio al cliente es legtima pero la manera en la empresa lo ha implantado no supera los criterios constitucionales ni legales.

Los claroscuros que plantea el vertiginoso desarrollo tecnolgico sitan a la tutela jurdica de la proteccin de datos de carcter personal y la tica digital como instituciones indispensables para salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadana, al tiempo que se erigen como la mejor garanta para el correcto impulso de la economa digital. La adopcin del Pacto Digital para la proteccin de las personas promovido por la Agencia Espaola de Proteccin de Datos supone un paso decisivo no solamente para el establecimiento de una verdadera cultura de la privacidad, sino tambin para implicar a la sociedad civil y al sector privado en la difcil tarea de alcanzar el ansiado humanismo tecnolgico.

El DOUE del pasado 4 de marzo ha publicado unas correcciones al texto del Reglamento que afectan a diecinueve puntos del mismo.

Ms de 500 profesionales del sector de la privacidadse dieron cita en este evento, en el que setratarontemas como los modelos de gobierno de la privacidad, la gestin de data breach segn las ltimas Guidelines del EDPB, los riesgos de seguridad y privacidad asociados a terceros, las transferencias internacionales de datos y las herramientas que permiten garantizar un mayor nivel de cumplimiento.

La Sentencia del Tribunal Supremo de9de noviembre del2020aborda aspectos importantes del derecho sancionador administrativo y plantea, a su vez, una cuestin jurdica de inters en relacin con el recurso de casacin.

El Consejo de Estado ha emitido dictamen sobreel proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos que le remiti el Gobierno. Aunque la valoracin global del mismoes positiva,plantea una serie de observaciones de carcter esencial, en el sentido del art. 130.3 de su Reglamento Orgnico.